HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Aprueban
ley de transparencia: ¿realidad o simulación?
La gran reforma que le faltó a Enrique
Peña Nieto, la que urge que se materialice porque el país ya no puede crecer
más si se mantiene el estado de cosas y se deja en la impunidad a quienes se
benefician de este delito (funcionarios públicos, empresas, partidos políticos
y sindicatos, entre otros) es la de establecer reglas claras y rigurosas para
la lucha contra la corrupción, que ha convertido al país en una tierra de
nadie, donde no prevalece el Estado de Derecho y donde se estrechan cada vez
más, hasta casi confundirse, Estado y delincuencia.
Ni duda cabe que es el tema más urgente
en la agenda nacional, con un cariz incluso de revulsivo de la situación
política, pues golpea al desarrollo económico, la justicia, la equidad y la
seguridad pública.
No podemos pensar en que habrá una lucha
frontal contra el crimen si los propios cuerpos policiacos están coludidos con
quienes dicen combatir, si los partidos políticos establecen alianzas con los
grupos criminales para financiar sus campañas electorales, si el nulo
desarrollo económica arroja a miles de mexicanos a delinquir para su
sobrevivencia, si buena parte de los recursos del erario son tomados como botín
por los funcionarios públicos.
Con sus consabidas limitaciones,
impuestas por los partidos políticos, es un avance que este jueves la Cámara de
Diputados haya aprobado la Ley General de Transparencia (solo faltará su
promulgación por el Presidente), y que paralelamente, haya salido de comisiones
del Senado de la República, por 47 votos a favor y uno en contra, la ley que
creará el Sistema Nacional Anticorrupción que la próxima semana tendrá en el
pleno su segunda lectura para su discusión y aprobación en su caso.
La buena noticia es que esta última, en
caso de aprobarse, fortalecerá las atribuciones de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF), velará no solo por la transparencia de los recursos públicos
en programas federales sino también estatales y municipales, y podría llevar a
la responsabilidad penal que pudieran tener las personas morales (empresas)
involucradas en actos de corrupción.
Aunque no se puede tener la certeza al
respecto, una corriente fuerte dentro del Senado podría permitir una reforma al
artículo 108 Constitucional para eliminar el fuero de los funcionarios, lo que
permitiría una mayor rapidez en el ejercicio de la acción penal contra quienes
incurran en actos de corrupción que involucren los dineros y bienes materiales
propiedad de los mexicanos.
La ley general de Transparencia aprobada
por 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, en la Cámara de
Diputados, cuyos integrantes se curaron en salud para que tenga efectos a
partir del 31 de agosto (lo que evitará que se fiscalicen las enormes
cantidades de dinero manejadas por el Congreso sin la menor norma de
transparencia), obligará a transparentar y permitir el acceso a la información
de los tres poderes, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, además de personas físicas, morales o sindicatos que reciban y
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos federal,
estatal y municipal.
Las
nuevas reglas y los nuevos sujetos obligados
La ley general de Transparencia aprobada
por los diputados, luego de su tránsito y discusión en el Senado, contempla
elementos que, si bien no reúnen todas las exigencias de las organizaciones
sociales, empresariales y políticas y de los ciudadanos, sí apuntan al inicio
del camino hacia un México sin impunidad. Ya sabemos que muy pronto habrá
mecanismos funestos para nulificarla, pero constituye un paso importante.
¿Qué contempla la ley que espera la
promulgación peñista? Hagamos un repaso:
1. Obliga a todos los órganos autónomos,
dependencias, sindicatos y partidos a rendir cuentas y transparentar toda la
información de los recursos públicos que manejan.
2. Senadores y diputados (federales y
locales) estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben,
sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones,
primas y comisiones.
3. Será imposible reservar información
cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.
4. Se establecerán sanciones a servidores
públicos cuando declaren con dolo o negligencia la inexistencia de la
información o cuando la reserva sin prueba de daño.
5. En este sentido, solo se clasificará
como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo en materia
de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del país.
6. Transparenta las condonaciones
fiscales.
7. Prevé la creación de un Sistema
Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que
los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible, que
deberán aportar todos los entes obligados.
La Plataforma Nacional de Transparencia
deberá contar al menos con cuatro sistemas: de solicitudes de acceso a la
información, de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones
de transparencia y de comunicación entre organismos garantes y sujetos
obligados.
Entre los temas que deberán incluir los
sujetos obligados en dicha plataforma figuran: directorio de servidores
públicos, remuneración bruta y neta de servidores públicos, gastos de
representación y viáticos, número total de plazas y del personal de base, de
confianza y por honorarios.
Grosso modo, tal sería la estructura de
obligaciones de la nueva ley, un esfuerzo más por lograr contener una tendencia
creciente de corrupción del Estado y las organizaciones políticas,
empresariales y sindicales, y por amarrarle las manos a tantos funcionarios
ladrones que menudean en todos los niveles de gobierno.
Ya veremos cuánto dura el mecanismo antes
de que los involucrados establezcan puertas alternativas, pasos a desnivel, pasos
mágicos y demás para sortear las limitaciones y los candados establecidos.
En Veracruz, ya hace falta una verdadera
redada de delincuentes públicos.