HORA LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Corrupción e impunidad
nos ahogan
No
era necesario que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realizara una
encuesta para saber la percepción ciudadana sobre la corrupción que campea en los
gobiernos locales. Las constantes denuncias –tanto en los medios de
comunicación que no cuentan con candados para decir la verdad como en las redes
sociales– apuntan justamente a establecer una línea de conducta que afecta
gravemente el desarrollo de la entidad, tanto en el gobierno estatal como en
los gobiernos municipales.
Y
no es que Enrique
Benítez Ponce, director de Promoción, Difusión y Contraloría Social del Orfis,
descubriera el hilo negro en una charla que, sobre participación ciudadana,
sostuvo con estudiantes de la UV en la USBI de Ixtaczoquitlán, donde reconoció que en la actualidad la sociedad tiene un mal concepto de los
servidores públicos.
En cada rincón del estado, incluso en
los más remotos y marginados, y en cada oficina pública, los veracruzanos nos
topamos cotidianamente con actos de corrupción que no son perseguidos y, en
ocasiones, son abiertamente solapados por los órganos de control de los poderes
ejecutivo y legislativo, los que se han convertido en verdaderas maquinarias de
complicidad y latrocinio compartido, entre ellos, el mismo Orfis.
El problema que no atacó el
funcionario, cuya buena intención se quedó en un mero acto de constricción, fue
que de nada servirá la participación ciudadana si los actos denunciados por
grupos o individuos solo son tomados como alerta para echarle tierra al
excremento.
Según Benítez Ponce, derivado de un ejercicio
realizado recientemente mediante encuesta, el 66 por ciento de la población
opina que los gobiernos locales (municipales) en el estado no han tenido
resultados en materia de empleo, 59 por ciento reconoció que no se siente
satisfecho en materia de educación, mientras que 58 por ciento se siente
insatisfecho con la aplicación del recurso público y su transparencia.
Y este
último punto, que debiera tener su correlato en la investigación puntual por
parte de ese órgano de control, es el que está poniendo en verdadero jaque al
gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La corrupción la están premiando
Mientras
hubo dinero para tapar los hoyos que eran descubiertos, se contaba con la
complicidad de los medios predilectos del régimen para evitar que fueran
divulgados y había condescendencia de los dirigentes y diputados de oposición
que han sido comprados vergonzosamente, los escándalos se mantuvieron en un
segundo plano, eran manejables y fácilmente remitidos a la desmemoria.
Hoy, sin
embargo, las cosas se han complicado. La Contraloría General del Estado y la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) están debiendo usar todos los
plazos otorgados por la ley para, por ejemplo, justificar los presuntos
quebrantos financieros denunciados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF)
en el ejercicio presupuestal de 2013.
En
ejercicios similares, con parecidos señalamientos, como ha ocurrido para las
cuentas públicas de 2011 y 2012, las observaciones fueron solventadas mediante
la rápida obtención de documentos probatorios del gasto en recursos federales
o, en el peor de los casos, el regreso a la Federación de aquellos recursos que
ni por dónde podrían ser justificados.
En el
momento actual, sin embargo, dos factores operan en contra: 1. No hay dinero en
las cuentas bancarias del gobierno estatal, y 2. Cruzamos por un periodo
electoral en que, aunque los actores políticos reciban apoyos, buscan
capitalizar los errores del gobierno priista para ganar los comicios federales,
llevar al mayor número de diputados al Congreso de la Unión o simplemente ganar
el mayor número de sufragios. Muchos dirigentes comprados, incluso, deben
asegurar el número suficiente de estos últimos para no perder el registro de
sus partidos.
Lo que
escucharon los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
UV que asistieron a la charla, encabezados por la vicerrectora Beatriz
Rodríguez Villafuerte, fue una manera de echar un poco de humo sobre las
acusaciones que han menudeado en contra de funcionarios estatales, mediante la
descalificación de las administraciones municipales que por supuesto tienen
riesgo de encontrar su talón de Aquiles en las revisiones que la ASF realice
sobre la cuenta pública de 2014 (y en adelante).
En efecto,
que la mayoría de los alcaldes esté echando en saco roto sus planes de
desarrollo y sean demasiado permisivos en el uso discrecional de los recursos
propios, estatales y federales que les han sido autorizados, debe ser un punto
de preocupación, siempre que la observación de cómo se aplican los recursos
públicos también se fiscalice, incluso con mayor rigor, en las dependencias del
Ejecutivo estatal.
Benítez
Ponce reconoció ante los estudiantes que la impunidad es uno de los principales
problemas a los cuales nos enfrentamos en México, un problema que además da
origen también a la corrupción.
El problema
es que el funcionario del Orfis, si bien señala la benevolencia de la denuncia
formal contra actos de corrupción, no puso en tela de juicio las dificultades
que los ciudadanos enfrentamos, primero, para reconocer los mecanismos de
denuncia y los órganos que deben recibirla y atenderla, y segunda, la
inexistencia de normas que obliguen a dichos órganos a investigar las denuncias
so pena de hacerse acreedores de severas reconvenciones.
“Debemos
generar una conciencia social en torno a la denuncia formal, no sólo poner en
redes sociales nuestras quejas o inconformidades, pues podemos caer en
difamación; es importante conocer los mecanismos de denuncia y presentar las
pruebas correspondientes para que se aplique la ley”, dijo Benítez.
Tal vez por
eso se atrevió a pedir a los veracruzanos participar activamente en las
decisiones municipales, coadyuvar a la creación de gobiernos abiertos que
ponderen la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas,
a través de algunos ejes rectores como gobiernos centrados en la ciudadanía,
presupuestos abiertos y participativos, información accesible para el
desarrollo y empoderamiento de la participación ciudadana, y gobernanza de los
recursos naturales.
Las denuncias desoídas
Es
posible que la política de comunicación social impuesta desde el primer día de
este gobierno, primero a través de la deleznable Gina Domínguez Colío, hoy cara
dirigente de la Fundación Colosio; luego, con el desparpajo del hoy candidato a
la diputación federal por Tuxpan, Alberto Silva Ramos, y en la actualidad, por
un experto en mercadotecnia, el joven maravilla Juan Octavio Pavón González, de
fracasado paso por RTV, no signifique otra cosa que la soberbia con que ha
gobernado Javier Duarte de Ochoa.
No
de otra manera puede explicarse que,
durante su mandato, la prensa no haya operado, según los clásicos, como el
espejo del poder, el medio de interlocución entre sociedad y gobierno, el
elemento crítico que permite domeñar los abusos o atemperar los excesos, y no
solo para comunicar con embeleso las escasas acciones de gobierno. Su relación
ha sido de obligada convivencia, en un trato de desdén y de ignorancia.
Lo
digo a propósito de la inacción de su gobierno para atender graves denuncias contra
uno de sus funcionarios menores, Fernando Arteaga Aponte, director de Cecytev,
quien abona al profundo descrédito estatal y nacional del sector educativo
veracruzano, por documentadas denuncias hechas tanto por la Auditoria Superior
de la Federación como por organizaciones no gubernamentales como Mexicanos
Primero, que encabeza el empresario Claudio X. González.
La
entrada a la titularidad de la SEV del abogado Flavino Ríos Alvarado, de amplio
reconocimiento como político y profesional del derecho, que le ha llevado a
realizar un papel destacado en el Congreso local, hacía abrigar esperanzas de
una reingeniería y un mayor control en el manejo de los abundantes recursos estatales
y federales que recibe la dependencia, con mucho la que más presupuesto maneja,
por arriba del sector Salud y cualquiera que se le ocurra.
Sin
embargo, salvo despedir a decenas de empleados y funcionarios menores (sin
tocar, en apariencia, a los comisionados sindicales), el doctor en Derecho ha
hecho mutis sobre los innumerables desfalcos que se realizan en nombre (y a
costa) de la educación.
Preocupado
por consolidar un equipo político, ha dejado por desgracia a quienes hacen daño
a Veracruz, con corruptelas que son fácilmente identificables desde su puesto
(como el ya mencionado) y, en cambio, podría poner en riesgo proyectos como el
del Instituto Consorcio Clavijero, donde ha llevado como director a quien
estuviera al frente del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
(Itesco), Ricardo Orozco Alor, cuyos primeras acciones cuando fungió como
asesor del minatitleco en la SEV fue poner en conflicto a todo el sistema
tecnológico, con el aparente propósito de tirar al experimentado Francisco Rangel
Cáceres, apenas nombrado como director general de Educación Tecnológica en
junio de 2014.
¡Vaya
decepción!
