HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Una
paupérrima jornada electoral
La jornada electoral en Veracruz está
dejando mucho que desear. Los candidatos y partidos políticos oscilan entre el
ditirambo y el espectáculo insubstancial, entre la visita populista a mercados
y los ridículos videos en que muestran su fracasada faceta de bailadores, entre
reuniones pegajosas donde se codean con debilitados líderes sociales y las
visitas domiciliarias donde tratan de vender su imagen.
La
desgracia es que ni los candidatos saben qué pueden ofrecer dada la
especialidad de su ansiada chamba de tres años, ni los ciudadanos conocen bien
a bien de qué les pueden servir quienes aspiran a llegar a la Cámara de
Diputados y, una vez ahí, ni se vuelven a parar en sus distritos.
Los primeros parece
que hicieran una investigación sobre la realidad que viven sus hipotéticos
electores y hasta se alarman por las condiciones económicas y sociales que viven
sus desconocidos paisanos.
Tal es el caso del
candidato plurinominal del Partido Verde-PRI, Javier Herrera Borunda, el desalmado
hijo de Fidel Herrera Beltrán, quien en un spot habla de la larga espera de una
mujer para recibir atención médica en una clínica pueblerina, cuando todos
sabemos los millonarios desvíos hechos por su padre de los recursos federales
que le fueron confiados para el sector Salud. Para colmo, hay quienes le inflan
el ego con el sambenito de que puede ser candidato a gobernador en 2016.
También está el caso
del desangelado candidato a la diputación por Cosamaloapan, Antonio Tarek
Abdalá, extesorero de Sefiplan, señalado de servirse a manos llenas del erario,
quien no tiene mejor oferta que su desafortunado video en que se promueve con
una versión abominable de la canción ‘Happy’, de Farrell William que, por otra
parte, le ha hecho famoso en el país, aunque no de manera positiva.
Los electores, por su
parte, se desgranan con peticiones que los ayudantes de los pretendidos padres
conscriptos anotan en libretas que pronto dejarán en una olvidada gaveta,
cuando muchas de ellas solo puede resolverlas su alcalde. No digo que su
gobernador, porque el de Veracruz no resuelve nada.
Como para preocuparse
de la nula presencia de la mayoría de los partidos políticos, las únicas
polémicas y las únicas grandes batallas mediáticas las protagonizan el PRI y el
PAN, con el agregado del PVEM, mientras que los siete restantes se mantienen
como observadores.
El PRI hace tiempo que
divulga versiones para pitorrearse o para desacreditar a sus oponentes
panistas, mientras que los del PAN han sacado de la chistera temas que ya
estaban en la palestra pública, como la inutilidad del actual gobierno estatal
priista para generar progreso y desarrollo, y la participación del gobierno
anterior y el presente en una orgía de corrupción que la Auditoria Superior de
la Federación (ASF) solo es capaz de divulgar, sin tomar medidas drásticas como
meter al bote a los ladrones.
El PRD se ha quedado
pasmado y acribillado por dos fuegos: el de la entrega de sus ideales a cambio
de voluminosas sumas de dinero entregadas por el gobierno estatal, y el del temor
de que Morena le quite la primacía como el más votado entre los partidos de la
izquierda. Morena, por su parte, sigue el esquema centralista impuesto por
Andrés Manuel López Obrador, quien quiere controlar absolutamente todo
movimiento que realicen sus candidatos, dejándoles la carga de conseguir
recursos para sus campañas.
El Partido del Trabajo
(PT) cada vez naufraga más en la soledad de su intrincado ideario político que,
por una parte, busca adherirse a Morena (aunque estos le reclamen sus intentos
porque López Obrador les reconozca paternidad aunque sea como hijos putativos)
y sus alianzas con el PRD, lo que está a punto de llevarle a la pérdida de su
registro como partido político nacional. Y lo mismo ocurre con Movimiento
Ciudadano, el partido de Dante Delgado. Con el registro de Morena, tanto el PT
como el MC se convirtieron en los hijos bastardos de López Obrador, quien se
aprovechó de ellos y ahora los desprecia.
Ante todo ese
escenario, donde dos nuevos partidos (Humanista y Encuentro Social) tendrán
debut y despedida, las cosas para ciudadanos que en su mayoría desconfían del
proceso político se ponen peligrosas, porque a quien más le conviene que este
coctel aleje a los votantes de las urnas es al PRI, prácticamente el único que
cuenta con el denominado voto duro, ese numeroso sector social que ha nacido y
vivido votando por él, casi sin pensarlo.
Para buenas noticias,
si es que la tendencia se mantiene, diré que según la primera encuesta de
Consulta Mitofsky, cuatro partidos dejarían de cobrar las jugosas prerrogativas
del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de no alcanzar el 3 por ciento
establecido por la ley.
Movimiento Ciudadano
tendría que fortalecer su marcha porque si hoy fueran los comicios solo
obtendría el 2.5 por ciento de la preferencia efectiva. Los que muy
difícilmente lo lograrán, aunque le metan todos los kilos, son el PT (1.8%), Encuentro Social (1.2%) y
Humanista (0.5%).
Así las cosas, la
lucha por la supremacía en la elección del próximo 6 de junio se está dando
entre el PRI y el PAN. Y ya sabemos que en San Lázaro son hermanitos y
compinches.
México,
medalla de plata en impunidad
Aunque hemos perdido la de oro ante
Filipinas, ciertamente el segundo lugar mundial en impunidad constituye un
logro histórico… y preocupante.
No es algo de lo que
los mexicanos tengamos conciencia solo a partir de un ranking mundial, pero el
Índice Global de Impunidad (IGI), presentado ayer en el DF por Luis Ernesto
Derbez, rector de la Universidad de las Américas-Puebla, confirma la percepción
que tenemos todos, sobre todo a raíz del fortalecimiento de las bandas criminales
y su combate por parte del Estado mexicano.
Es un segundo lugar,
digamos, ganado a pulso. El índice considera solo a 59 países que cuentan con
información estadística suficiente y, entre ellos, los cinco países con los
índices más altos de impunidad son, en ese orden, Filipinas, México, Turquía,
Colombia y la Federación de Rusia.
De algo, sin embargo,
nos sirve que México, junto con once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile,
Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia)
esté a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de
seguridad y justicia. Al menos, para percatarnos de la grave realidad que
presenta un sector que –junto con educación y salud– debiera ser fortalecido
presupuestalmente, aunque también en materia de vigilancia para su operación
conforme a derecho.
Fallan
sistemas de seguridad y de justicia
Según el reporte presentado por el
exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores durante el mandato del
presidente Vicente Fox, México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las
Naciones Unidas en materia de impunidad (habrá que recordar que solo 59 fueron
incluidos en el IGI).
Y apunta: “México tiene
dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema
de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.”
Sobre la primera, el IGI
pone en evidencia la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de
los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún
contacto formal con los cuerpos de seguridad. “En México no se necesita
invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los
procesos que garanticen la efectividad de sus acciones.”
Además, revela la
necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de
justicia, acción que impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al
aumentar su cantidad se podría reducir el número de personas encarceladas
esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las
cárceles.
Para ponerlo en
contexto, el IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por
cada 100 mil habitantes, mientras que México cuenta con solo 4 jueces por cada
100 mil habitantes, cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el
índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.
Sobre la segunda
dimensión, la funcionalidad de nuestro sistema de justicia, el IGI permitió
evidenciar “su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin
sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas
encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito;
así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la
cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de
la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.”
El estudio señala que
el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, y establece
que no nació en esta administración pero se necesita tomar medidas urgentes “para
reducir los altos niveles que observamos.”
El estudio
internacional, en que participó el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia
(Cesij) de la Universidad de las Américas, es considerado el primer gran
esfuerzo académico internacional para medir este fenómeno multidimensional que
incluye seguridad, justicia y derechos humanos.
El documento
presentado por la UDLAP señala que está comprobado estadísticamente que la
impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al
mundo y que están en el corazón de los mexicanos, como desarrollo humano,
desigualdad y corrupción.
Al referirse a los
resultados del país, el estudio señala que estos niveles de impunidad han
arreciado en la última década, por hechos como la lucha contra el crimen
organizado —que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones—, los niveles
altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones
forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados.
“Estos han generado en
la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de
ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en
la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.”
Señala que la última
Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública
(ENVIPE) 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
indica que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas
más importantes que aquejan a la entidad en la que viven.