HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
El
autoritarismo prende el rechazo popular
Parece que los engañosos resultados
electorales obtenidos por el PRI en los comicios de junio han hecho creer al
gobierno de Javier Duarte de Ochoa que los veracruzanos le otorgaron el
absoluto derecho para hacer y deshacer en su nombre.
Vale decir: se creyeron su propia
mitología.
No solo porque los triunfos fueron
producto de un enorme laboratorio de fraude y compra de votos sino porque, pese
a ello, el PRI y el PVEM apenas obtuvieron el sufragio de aproximadamente el 16
por ciento de los ciudadanos registrados, lo que tira cualquier sueño guajiro
de respaldo popular.
La escalada legislativa desatada tras la
validación de los resultados de los comicios intermedios, que permitieron a
Duarte obtener 16 diputaciones federales aunque también perder en distritos en
que se concentra el mayor volumen del electorado urbano (Poza Rica, Xalapa,
Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos), ha puesto de relieve una actitud
autoritaria e intransigente.
Lo acaban de hacer de manera descarada
sus diputados locales con la aprobación de un Código Electoral (que careció
incluso del voto en contra de la mayor oposición en el Congreso, la del PAN, en
un tema de la mayor importancia para todos los partidos políticos) y se ha mantenido
en vilo a miles de automovilistas y transportistas por la inminente aplicación
de un código de Tránsito que acusa un carácter eminentemente recaudatorio.
Todo parece indicar que las
manifestaciones contra este último tema escalarán con el paso de los días y
seguramente se recrudecerán una vez que empiecen a aplicarse sanciones por
parte de una corporación amorfa constituida por agentes de tránsito corrompidos
y una policía vial carente de la más mínima sensibilidad para abordar
situaciones de orden civil.
Defensa
omisa y mentirosa del Reglamento de Tránsito
Aunque las declaraciones oficiales van y
vienen, tiran para las ramas y se reserva al rumor la puesta en aplicación de
las nuevas sanciones en materia de vialidad, lo cierto es que se vive un periodo
en que las autoridades buscan convencer a la población de las bondades del
nuevo reglamento de Tránsito.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa,
incluso, ha salido en un video en que busca el apoyo de los padres de familia
relacionando las sanciones viales con su programa de protección de menores de
edad frente al flagelo de la alcoholemia y el riesgo, cierto y latente, de que
alcohol y volante constituyen una fórmula incluso mortal.
En efecto, como dice el gobernador Duarte
en el video, se extirpó del reglamento la normatividad de las manifestaciones;
también, que los montos de las multas que se aplicarán a hechos como manejar
bajo los efectos del alcohol, distraídos con el celular o con temeridad no solo
son menores a la media nacional sino que incluso podrían ser elogiados.
El problema es que mencionar esas multas
y ocultar las que criminalizan a quienes por su situación económica se ven
obligados a conducir vehículos viejos es una defensa pobre y engañosa. Lo mismo
ha hecho el director de Tránsito y Vialidad, Edmundo Martínez Zaleta, quien ha
salido con una actitud más autoritaria a señalar que el reglamento va a como dé
lugar y maneja los mismos conceptos con los que cualquiera estaría de acuerdo.
El gobernador nos da la opción de
denunciar actos de extorsión de los agentes viales mediante llamadas al 066,
cuando la corrupción llega a los más altos niveles de decisión, lo que
significará solo una pérdida de tiempo.
A cualquiera que tenga un dedo de frente
le queda claro que el propósito fundamental de estas multas es meramente
recaudatorio. No hay un solo compromiso del gobierno estatal como
contraprestación para hacer más ágil y más seguro transitar por las calles de
las ciudades, carreteras estatales y caminos vecinales, la mayoría de cuyas
responsabilidades el propio Javier Duarte las endilga a los ayuntamientos.
Las graves carencias financieras que
enfrenta Veracruz en el sector público, que ocasionan incluso el retraso en las
ministraciones para el pago de nómina, pensiones y otras prestaciones (como las
que padece el personal académico de la Universidad Veracruzana), están
obligando a buscar cómo subsanarlas. El grave problema es que se le cargará la
mano a los veracruzanos que menos tienen.
Código
electoral: ataques en lugar de explicaciones
Lo mismo sucede cuando los priistas
defienden el nuevo Código Electoral atacando a la oposición, particularmente al
PAN.
En días recientes, tras la atrabiliaria
aprobación de las nuevas reglas electorales locales, que orilló a diputados del
PAN a abandonar el salón de sesiones del Congreso, ha salido una de las barbies priistas a decir tonterías para
tender una cortina de humo.
Para Corintia Cruz Oregón, diputada
suplente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, la reacción
de los panistas tuvo una motivación misógina, pues no quisieron aprobar que las
mujeres veracruzanas ocupen el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de
elección popular.
La chica que ha estado bajo el cuidado de
políticos como Elizabeth Morales y Javier Duarte de Ochoa no ha tenido el menor
empacho a acusar a los panistas de dar la espalda a esta prerrogativa que
reconoce el trabajo y la capacidad del sector femenil de la población.
Seguramente sin acudir siquiera a la
sesión en que se dio caballazo legislativo para imponer el nuevo código
electoral, la escultural Corintia dio cátedra de historia patria y recordó que
en 1953 se reconoció a las mujeres su derecho a votar y ser votadas y que,
desde ese año a la fecha, “no se había dado una reforma electoral tan
importante” como la aprobada recientemente en Veracruz. ¡Válgame la
rebuznancia!
¿Alguna vez señaló que la discordia se
había centrado en la normatividad de las candidaturas independientes y en la
integración de los órganos electorales, no en la igualdad de género?
Para qué,
si lo que le importaba era tender una cortina de humo.
