HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Sedesol:
ahogado el niño, a tapar el pozo.
Guardando las debidas proporciones, el
Código de Conducta que presentó este lunes la Secretaría de Desarrollo Social
de Veracruz guarda un extraño paralelismo con la famosa ley anticorrupción del
presidente Enrique Peña Nieto: ambos ordenamientos (uno de aplicación ideal en
una dependencia local, la otra, de aplicación general en el país) han sido
instituidos luego de graves evidencias de corrupción, utilización de recursos
públicos en el financiamiento de proyectos privados y una andanada de denuncias
políticas y periodísticas.
Creer en uno o en otra es tanto como
creer en el arrepentimiento del carnicero tras sacrificar al cordero.
La Sedesol ha servido, ni la más mínima
duda cabe, para fortalecer la preeminencia electoral del Partido Revolucionario
Institucional y para anclar fuertemente las carreras políticas de sus
titulares.
Tras terminar su gestión en el Congreso
local, donde fue presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge
Carvallo Delfín fue nombrado secretario de Desarrollo Social, desde cuyo cargo,
y con la utilización de los recursos provenientes de los programas sociales, se
dedicó a fortalecer su presencia en el distrito electoral con cabecera en San
Andrés Tuxtla, estableciendo fuertes vínculos con los beneficiarios, apoyando
proyectos productivos y financiando con recursos públicos una extensa y
aceitada red de promotores del voto a su favor.
¿El resultado? Su posterior candidatura
priista a la diputación federal por ese distrito, que lo tiene en la antesala
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde pretenderá fortalecer
su influencia política por aquello de la posibilidad de ser llamado para
contender por el PRI a la gubernatura de dos años en 2016, como parte del
equipo de la Fidelidad, siempre que no se la ganen los Yunes priistas o su
contrincante en el equipo, el también diputado federal electo Érick Lagos
Hernández.
Luego del paso de Carvallo, tuvo su debut
quien pidió licencia a su cargo como alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos
quien, antes de incorporarse como coordinador general de comunicación social,
fortaleció su presencia política en la zona norte de la entidad que, a la
postre, le sirvió para impulsar su campaña a la diputación federal por el
distrito de Tuxpan.
Durante la campaña por los comicios
intermedios de este año para renovar a los privilegiados huéspedes del Palacio
de San Lázaro, el actual titular de la Sedesol, el exalcalde de Coatzacoalcos,
Marcelo Montiel Montiel, operó con manga ancha a favor de los candidatos
priistas a las diputaciones federales y, aunque salió a la palestra a defender
como gato boca arriba su inocencia en el caso, sus maniobras constituyeron
incluso un escándalo nacional al denunciarse que se destinaron al fin político
unos 500 millones de pesos del presupuesto de la dependencia.
El senador Alejandro Encinas convocó en
abril pasado a una conferencia de prensa que ocupó los titulares de los
principales medios de comunicación de la Ciudad de México, en la que puso en el
papel una serie de irregularidades denunciadas por el propio personal de la
Sedesol, mediante videos y documentos, en que se comprobaba el robo de apoyos a
jornaleros agrícolas, robo de tarjetas bancarias y cheques (mediante falsificación
de firmas) y obras fantasma en el programa de Empleo Temporal. Encinas hablaba
incluso de más de 100 obras públicas, cobradas y reportadas, que no se
realizaron.
Nadie podría olvidar que, en los inicios
del ya desastroso sexenio de Enrique Peña Nieto, en abril de 2013, una serie de
videos pusieron en evidencia la participación de dos altos funcionarios, uno
del gobierno estatal y el otro del gobierno federal, en la organización de una
serie de acciones que involucraban recursos y programas de la Sedesol, en este
caso federal, a favor de los candidatos priistas en las elecciones locales,
situación que puso en grave riesgo la continuidad del Pacto por México, ante la
amenaza del rompimiento por parte del PAN y el PRD.
En aquella ocasión, el entonces
secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, y el delegado de la
Sedesol federal, Ranulfo Márquez Hernández, fueron grabados en una reunión con
seccionales de Boca del Río preparando el desvío de recursos a favor de los
candidatos del PRI y, aunque no se trataba de la dependencia estatal, puso en
evidencia el modus operandi del gobierno estatal en la utilización de los
programas sociales en procesos electorales.
Ante el escándalo rodó la cabeza de
Salvador Manzur, que se perfilaba como el sucesor indiscutible de Javier
Duarte, y del famoso Cabeza de Lata, Ranulfo Márquez, quien fue separado por
órdenes de la secretaria Rosario Robles Berlanga.
Por eso huele raro que se hubiera
instituido en la Sedesol estatal este lunes el Comité de Ética, presidido por
Ubaldo Poblete Cruz, egresado de Derecho de la UV quien en sus inicios
desarrolló su profesión en cargos públicos en el DF, supongo que hasta que
empezó el dominio del PRD en el gobierno de la Ciudad de México, cuando tuvo
que emigrar a Veracruz.
En presencia de Miralda González Ortiz,
encargada de la Dirección de Función Pública de la Contraloría General, el
presidente del extraño comité habló de las flores que deben adornar a los
empleados y entiendo que también a los funcionarios de la Sedesol: amabilidad,
dignidad, cortesía y, aunque usted no lo crea, justicia, equidad y
transparencia, para garantizar a la sociedad “un adecuado cumplimiento de los
principios que rigen la gestión gubernamental, con el fin de otorgar a los
veracruzanos certidumbre con respecto a las funciones públicas”.
Reglamento
de Tránsito: la necesaria mesura
Lo anunciado este lunes por la mañana por
el gobernador Javier Duarte de Ochoa respecto a importantes enmiendas al
Reglamento de Tránsito y Vialidad en artículos que eran socialmente rechazados
e, incluso, con algunos tintes de inconstitucionalidad, constituye una
respuesta positiva de un gobernante que sabe echar reversa cuando sus
propuestas no cuentan con el consenso popular.
De entrada, evita sancionar a quienes no
ostenten una póliza de seguro por daños a terceros, aunque lo recomienda. Es
cierto que es el ideal, sobre todo cuando quien maneja un auto no tendría
recursos para resarcir los daños provocados en otros vehículos, pero puede
implementarse un programa de convencimiento y que en lugar de que el gobierno
estatal reciba el monto por la multa se recomiende a todos la adquisición de un
seguro.
También, se evita sancionar a los
automovilistas que no cuenten con extintor, herramienta y llanta de refacción
que, en general, es a causa de la falta de recursos del automovilista. Se quita
la prohibición del uso de altoparlantes o megáfonos, tan utilizados por
personas que se dedican a la compraventa en la vía pública, evitando atentar contra
el derecho al trabajo.
Se ha entrado en razón y se ha quitado la
prohibición que pendía sobre quienes andan con copas de utilizar el transporte
público, lo que se contradecía torpemente con la prohibición y sanción ejemplar
contra quienes en ese estado utilizaban un vehículo. Ya sabemos que para evitar
esas multas y evitar un accidente que les pueda llevar incluso a la cárcel,
muchas personas preferirán usar taxis.
Un amplio apartado que implicaba
obligaciones de los peatones se han modificado para convertirse en meras
recomendaciones y se ha cancelado la prohibición para que ciclistas y quienes
andan en patineta puedan hacerlo en las aceras; lo cierto es que debieran
realizarse campañas para que estas personas respeten a los peatones.
Habrá que analizar con mayor detalle
todas aquellas causas de infracción que han sido derogadas por órdenes del
gobernador Duarte pero si aquí hemos sido muy críticos con el original
reglamento, también debemos reconocer estas medidas tomadas para evitar afectaciones
a la población y para convertir al reglamento en un instrumento jurídico que
favorezca la seguridad y una mejor convivencia, en lugar de constituir un
rosario de medidas recaudatorias. Enhorabuena.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com| Twitter: @HoraLibre