HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Yunes
Linares, un pasado sombrío
Acusado de realizar actos represivos
mientras se desempeñaba como secretario general de Gobierno en el sexenio de
Patricio Chirinos Calero, periodo en que prácticamente tuvo todo el control
político de Veracruz al punto de indigestarse y convertirse en el priista que
posibilitó el triunfo de la oposición en más de la mitad de los gobiernos
municipales, el diputado federal electo Miguel Ángel Yunes Linares entrará al
Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre con la sombra de haber
sostenido nexos con el crimen organizado.
Un duro recuento de la periodista Martha
Martínez, del periódico Reforma, ha desvelado el negro historial de 129
diputados que conformarán la LXIII Legislatura, de todos los partidos, en que
el jefe del clan Yunes en el Partido Acción Nacional destaca como uno de los
ocho diputados con señalamientos de haber sostenido relaciones directas y
cercanas con jefes de las mafias mexicanas.
En su edición de este domingo 23 de
agosto, bajo el título “Ensombrece pasado a diputados”, la periodista señala
que una revisión a los perfiles de los próximos diputados federales “indica que
15 nuevos diputados han estado involucrados en procesos penales, 12 han tenido
señalamientos públicos de corrupción, ocho tienen denuncias de nexos con el
crimen, ocho recibieron acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y a 21
se les ha señalado de uso indebido del cargo”.
Incluye además a 11 que han sido acusado
de nepotismo, 14 que han tenido gestiones polémicas en cargos anteriores, “seis
que han sido catalogados como improductivos en cargos anteriores, 16 son hijos
de políticos prominentes -una decena de ellos sin méritos legislativos o
políticos previos-, 14 han cambiado de un partido a otro en busca de un cargo
público y cuatro más que tienen relación, han laborado, en alguna de las dos
televisoras: Televisión Azteca y Televisa”.
La mayoría de estos diputados, 70 de los
129 señalados, llegarán al Palacio Legislativo de San Lázaro por la vía
plurinominal, como es el caso de quien busca fervientemente la candidatura
panista al Gobierno de Veracruz en 2016.
De los diputados señalados, prácticamente
no hay partido que se salve: 33 son del PAN, 28 de la coalición PRI-PVEM, 27 del
PRI, 11 del PRD, 8 del PVEM, 8 del Panal, 6 del Movimiento Ciudadano, 4 de la
coalición Izquierda Progresista (PRD-PT), 3 del Partido Encuentro Social y 1 de
Morena.
Aunque había el compromiso de los tres
principales partidos políticos de garantizar que en las elecciones del 7 de
junio competirían candidatos sin mácula, el periódico Reforma cuestiona que al
menos el 25 por ciento de los legisladores que conformarán la Cámara de
Diputados “tiene antecedentes cuestionables”.
Lo
señalan por nexos con el crimen
A Miguel Ángel Yunes Linares, el
periódico capitalino lo incluye en su lista de próximos diputados con
señalamientos públicos de nexos con el crimen.
En la breve ficha informativa se
establece que el oriundo de Soledad de Doblado, quien ya ha manifestado su
deseo de ser candidato panista a sustituir a Javier Duarte de Ochoa en los
comicios de 2016, fue señalado en 2011 “por presuntos nexos con la familia
Colorado Cessa, vinculada al cártel de los Zetas”.
Junto con él, aparecen Baltazar Hinojosa
Ochoa (PRI), a quien se le menciona como uno de los exediles que fue apoyado
por el Cártel del Golfo, en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos
en contra de los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández.
Carlos Federico Quinto Guillén (PRI): En
2013, fue difundido un video en el que el presunto narcotraficante Carlos
Campos Hernández, alias El Comando, lo acusa de recibir dinero de los
Caballeros Templarios a cambio de permitir desembarcos de droga.
Ulises Ramírez Núñez (PAN), acusado de
ser socio de Francisco Héctor García Cárdenas, a quien la PGR detuvo en 2011,
acusado de ser el líder financiero de la banda delictiva Los Carcachos.
Armando Luna Canales (PRI-PVEM). En una
carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, el periodista Milton Andreé
Martínez Galindo lo acusó de tener nexos con sicarios, a quienes ordenó
privarlo de la vida.
Salomón Fernando Rosales Reyes (PRI-PVEM).
Se le acusó de ser uno de los 14 alcaldes electos que, en 2007, acudieron a una
reunión con La Familia Michoacana durante la cual el grupo criminal les cobró
el apoyo económico brindado durante las campañas.
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (PRI-PVEM).
En 2010, según la PGR, el exedil apareció en las narconóminas pagadas por la
Familia Michoacana.
Y Salomón Majul (PRI-PVEM), figura en la
lista de 25 alcaldes y ex alcaldes de Guerrero presuntamente vinculados con el
crimen organizado, entregada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y
Justicia Penal a la PGR y la CNDH en 2014.
Otros
veracruzanos en la lista
El importante rotativo también incorpora
a otros diputados ligados con Veracruz, aunque ninguno con los señalamientos
ganados por Miguel Ángel Yunes Linares.
El que recibe el mayor golpe es el
expanista Julio Saldaña Morán, quien va envuelto en la bandera del PRD. Señala
que “sus críticos lo acusan de haber amasado una fortuna a partir de que se
convirtió en regidor de Veracruz; antes de ocupar ese cargo se dedicaba a la
venta de leche casa por casa”.
Además, menciona entre quienes llegan al
cargo debido al apoyo de parientes poderosos al diputado priista Tomás Montoya
Díaz, hijo de Cristina Díaz, expresidenta interina del PRI y actual senadora
por ese partido, y del exdiputado y exalcalde Tomás Montoya Pereyra, y a Javier
Octavio Herrera Borunda, del PVEM, hijo del exgobernador de Veracruz Fidel
Herrera, y operador político del gobernador chiapaneco, Manuel Velasco.
Y entre los tránsfugas, a Gonzalo Guízar
Valladares, del Partido Encuentro Social, exdiputado federal por el PRI y excandidato
del PAN al municipio de Coatzacoalcos.