HORA LIBRE
Álvaro Belin
Andrade
¿Qué fue primero, El Huevo o la pillería?
Surgido de la
más ilustre universidad del priismo veracruzano, la que forma y titula a sus
cuadros en los barrios y colonias populares de Veracruz y Boca del Río a golpe
de acarreos, fraudes y operativos electorales, Fernando Arteaga Aponte, alias
El Huevo, maneja con destreza su permanencia en la dirección general del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev).
Y es posible que
la próxima semana amarre su puesto cuando, convocados por esta criatura, se
reúnan en el World Trade Center de Boca del Río directores de organismos
similares de los demás estados del país para crear la asociación nacional, de
cuya presidencia le tomaría protesta el mismísimo gobernador Javier Duarte.
¡Y vaya que El
Huevo Aponte es un personaje de la picardía veracruzana! Y no soy justo con
ello, más bien de la peor picardía veracruzana, de la que encuentra en el
engaño, la pillería y el cinismo sus mejores atributos.
De ser
‘operador político’ del PRI en Veracruz, donde sudó lo inimaginable para contar
con la simpatía de los sucesivos dirigentes priistas y, con ello, colgarse de
una o varias tetas gubernamentales, el famoso Huevo ha encontrado, según todos
los indicios pasados y presentes, una forma de abultar su cartera mediante un
mecanismo doloso y deleznable: cobrarle a lo chino a varios de sus empleados
una cuota por tener trabajo.
Es famoso su
trance en la policía bancaria y comercial, hoy conocida como IPAX, cuando
estuvo en un tris de ser literalmente azotado por su jefe, el coronel Porfirio
Díaz, quien se habría enterado de que su flamante comandante en Veracruz,
Fernando Arteaga Aponte, como vil chupacabras, ordeñaba los sobres destinados
al pago de los efectivos policiacos, de por sí afectados por los bajos sueldos.
Fue citado a las oficinas en Xalapa, pero prefirió renunciar antes que enfrentar
al mal encarado militar que era su jefe.
Más nos
hubiera valido a los veracruzanos que el jefe policiaco le hubiera dado sus
azotes, porque al menos en su carrera burocrática habría tenido el mayor
cuidado de no defraudar a sus subalternos con tan vergonzosas exacciones. Pero
no fue así y helo aquí y ahora convertido en un verdadero truhan en el puesto
que ostenta.
Hace ya tiempo
que la versión de que mensualmente descuenta parte de su salario a la gente que
le sirve es nota común. Lo raro es que no se hayan enterado ni el anterior ni
el actual secretario de Educación y, mucho menos, el gobernador Javier Duarte
de Ochoa.
Con las
reservas del caso, a sabiendas de esa práctica consuetudinaria de Arteaga
Aponte, me permito someter al escrutinio público y a la posibilidad de una
investigación formal por parte de la Contraloría General del Estado, una lista parcial
que ha llegado a nuestro poder con nombres, puestos y montos de las cuotas
descontadas mensualmente por el solo hecho de tener un puesto de trabajo en la
dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Veracruz (Cecytev), por órdenes de su titular.
Citlalli
Avendaño, Coatepec, 800 pesos; José Andrade, Coatepec, mil pesos; Ivo Luis, director,
2 mil pesos; Virgilio Torres, director, 4 mil pesos: Edgar H. Gallegos, director,
2 mil pesos; Carlos Braco, director, 3 mil 500 pesos; Joel Arteaga,
Coatzacoalcos, 3 mil pesos; Éricka Tlaxcalteco, directora, 2 mil pesos;
Alejandra Gómez, directora, 2 mil pesos; Gissel del Moral, directora, 2 mil
pesos; Argelia (¿), directora, mil pesos; Dr. Limón, Naolinco, 4 mil pesos; Lic.
Mares, Atzalan, 2 mil pesos, y Carlos Galicia, director, 800 pesos.
Más de 30 mil
pesos esquilmados cada mes solo a estos empleados.
¿Verdad o
mentira? Las áreas de control del gobierno estatal deberían investigarlo con
extremado cuidado, cuidando que los afectados puedan decir su verdad sin el
riesgo de ser despedidos.
Un gabinete mediocre
Y eso deriva
de lo siguiente.
O es fácil
engañar a los altos funcionarios del gobierno duartista o algunas lacras
incrustadas en puestos directivos se mantienen en ellos porque tienen el doble
propósito de administrar el presupuesto (incluso metiendo la mano en el cajón)
y, al mismo tiempo, operar electoralmente con toda la infraestructura
disponible en las dependencias en que medran a costa de los veracruzanos.
No de otra
manera se podría entender que verdaderas nulidades profesionales hayan sido
nombradas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en direcciones generales e,
incluso, en secretarías, pese a que sus perfiles no solo no encuadran con las
exigencias profesiográficas determinadas por la ley estatal de Administración
Pública sino, incluso, restan lustre a las dependencias por su fama de poseer
un sumamente disminuido coeficiente intelectual o por ser de uñas largas… o
ambos atributos.
Para no ir muy
lejos, ahí tiene usted al tampiqueño Gabriel Deantes Ramos, quien ocupa desde
enero la titularidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y
Productividad, pese a que no es abogado sino contador público, y haber sido
señalado por el propio gobernador como alguien que faltó a su confianza
mientras se desempeñaba como subsecretario de Finanzas y Administración de la
Sefiplan, por lo que fuera despedido con cajas destempladas junto con Edgar
Spinosso Carrera, entonces Oficial Mayor de la SEV, apenas el 19 de marzo de
2014.
Tan inopinado
fue su nombramiento en el gabinete como titular de una dependencia que exige
tener título de abogado, que no puede presidir la Junta de Conciliación y
Arbitraje, aunque es el más hábil operador financiero-electoral del PRI.
Otro caso es
la subsecretaria de Educación Superior de la SEV, Denisse Uscanga Escobar, hija
del taimado político tuxtleco Jorge, de los mismos apellidos, cuya designación
al frente de esa dependencia no ha hecho sino confirmar el nulo interés del
gobierno estatal por la educación superior pública; la junior de la política
–de profesión odontóloga– sabe del tema lo que este escribidor conoce de física
cuántica.
Tal vez por
ello se diga que en la SEV los únicos que están colocados en puestos de
responsabilidad con una comprobada andadura en el tema educativo son el actual
secretario Flavino Ríos Alvarado, con experiencia en la administración
educativa, primero como director de Enlace de la Dirección General de Concertación
para la Descentralización Educativa de la SEP y, luego, como director general
de los Servicios Coordinados de Educación Pública, con el gobernador sustituto
Dante Delgado (a diferencia de su antecesor, Adolfo Mota, un verdadero fraude
político), y la profesora Xóchitl Adela Osorio Martínez, subsecretaria de
Educación Básica, al menos porque cumplirá su tercer sexenio al frente de la
dependencia.
El singular esquema
se repite en casi todos los cargos del actual gabinete: abogados en puestos que
deberían ocupar arquitectos, ingenieros en áreas de abogacía, economistas
atendiendo obras de infraestructura, contadores públicos que medran en temas
laborales, odontólogos en tareas educativas, periodistas atendiendo cuestiones
de protección civil, proxenetas promoviendo el turismo y jilgueros priistas
impulsando la educación tecnológica.
Con ese equipo
de trabajo, difícilmente un gobierno podría tener resultados alentadores. Y lo
hemos comprobado, para nuestra desgracia, en los últimos cuatro años.
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