HORA LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Corrupción, otro jinete
del apocalipsis
En
la noche del próximo 6 de junio, cuando medite por qué candidato o partido va a
votar el día siguiente para conformar la próxima legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, puede que se dé cuenta de que, sean quienes
fueren los ganadores, la maquinaria de la corrupción generalizada que asola al
país solo cambiará de beneficiarios.
A
los temas que más nos lastiman, como la inseguridad y la impunidad, se sumará
el de la corrupción, que está tomando visos verdaderamente escandalosos y
contra cuya consumación nadie parece estar ocupado.
Es
más, salvo los panistas, los demás partidos parece no tenerles con cuidado
ofrecer a los hipotéticos electores propuestas concretas y avanzadas para
contener ese cáncer que cuesta cada año el 9 por ciento del Producto Interno
Bruto, según el Banco Mundial, una cantidad que (según el reportaje publicado
por La Opinión de Los Ángeles y el portal Sin Embargo) representa más que la
fortuna de Carlos Slim, considerado uno de los tres hombres más ricos del
mundo.
Y
he dicho que los panistas han hablado del tema, en particular en nuestro
estado, pero con un sentido propagandístico contra el PRI, cuando el fenómeno
de la corrupción es practicado abiertamente por sus dirigentes, gobernantes y
legisladores, sin que les avergüence un ápice que la sangre fluya
abundantemente por sus comisuras luego de morderse la lengua con tan desmedida fuerza.
En
los últimos años, México ha tenido mala prensa en el ámbito internacional. A
los baños de sangre a que ha sido sometido el pueblo mexicano por las bandas
criminales y las fuerzas armadas que las combaten, a la cotidiana vulneración
de los derechos humanos y a la impunidad con que alegremente se cometen los más
variados crímenes, una nube negra se cierne sobre el gobierno, los partidos
políticos y la misma población: la corrupción acrecentada y casi imposible de
combatir.
La
corrupción se practica del Presidente de la República para abajo. En ella
participan secretarios de Estado, senadores, diputados federales y locales,
gobernadores, funcionarios estatales y municipales, alcaldes, líderes sociales,
empresarios, medios de comunicación y ciudadanos.
Si
usted cree que solo los funcionarios del poder ejecutivo tienen capacidad para
meter la mano en el cajón, está equivocado. Si considera que solo los recursos
del erario son fuente de corrupción, también.
En
esta acelerada carrera por el poder y las buenas fortunas, además de desviar
recursos públicos, los implicados hacen gala de múltiples triquiñuelas, como
los ‘diezmos’ y los ‘moches’ (que se piden por igual a las empresas que a los
empleados, a los gobiernos locales que a los ciudadanos).
La corrupción somos todos
En los
últimos días, los Yunes panistas han sido muy incisivos en la demanda para que
la Procuraduría General de la República libere órdenes de aprehensión contra
funcionarios y exfuncionarios del gobierno veracruzano que, presuntamente, han
incurrido en delitos graves contra el erario, particularmente los recursos
federales.
Sin
embargo, ni ellos ni sus dirigentes nacionales han actuado con el mismo
entusiasmo para exigir a las autoridades de procuración de justicia que sean
investigados y llevados a tribunales diputados federales, gobernadores y
dirigentes de su partido, quienes han sido evidenciados en actos de corrupción.
Dos meses
después de dejar el gobierno federal de regreso a manos del PRI, el
expresidente Felipe Calderón y varios de sus funcionarios fueron implicados en
actos de gobierno que tuvieron repercusiones positivas en sus fortunas personales.
El senador
chiapaneco Roberto Gil Zuarth, paradójicamente presidente de la Comisión de
Justicia del Senado, fue acusado en 2011 de haber recibido 800 mil dólares para
garantizar la apertura de casinos de manera irregular, cuando era secretario
particular del ahora fogoso impulsor de los panistas, el expresidente Felipe
Calderón.
Talía Vázquez,
exesposa del empresario casinero Juan Iván Peña Nader, denunció que éste fue
uno de los beneficiarios por la apertura de los casinos, maniobra que involucra
al propio Calderón; en la investigación abierta por la PGR se ha involucrado
también a Roberto Correa Méndez, exjefe de Juegos y Sorteos, y a Guillermo
Santillán Ortega, exdirector de la Unidad de Enlace de Gobernación. El
exdirector de Pronósticos para la Asistencia Pública, Jesús Villalobos López,
fue inhabilitado por 10 años y castigado con una multa de 161 mil pesos por
haber dispuesto, en su propio beneficio, de recursos del erario.
Pero los negocios al
amparo del poder también involucran al expresidente Vicente Fox, su esposa
Martha Sahagún y los hijos de esta última, quienes hicieron negocios a
trasmano, como los realizados al amparo de la fundación Vamos México, o la
venta a precios de venta nocturna de miles de casas financiadas por el
Infonavit, que los Bribiesca Sahagún recuperaron y vendieron después a precios
altísimos.
En todos los territorios
ganados electoralmente por el PAN se han impuesto esquemas de nepotismo,
tráfico de influencias, dispendio de los recursos públicos en beneficio de los
propios gobernantes o de sus allegados, abrumadora publicidad oficialista
basada en el autoelogio y el alarde de los supuestos logros del gobierno.
El PAN, se ha dicho, no
solo es el partido de los ‘mochos’ sino también de los ‘moches’, y un ejemplo
claro son los escándalos por la exigencia de dinero que hizo quien fuera
coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión Luis Alberto
Villarreal a los gobiernos municipales emergidos de su partido.
El PRI, por
supuesto, es sinónimo de la corrupción. Los escándalos abiertos por la prensa
nacional y norteamericana por las dádivas con que una empresa constructora benefició
a varios funcionarios federales, como el secretario de Hacienda Luis Videgaray,
y al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto, no dejan lugar a dudas sobre
graves conflictos de interés que estuvieron a punto de pagarse con la
licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que había sido ganada
por la empresa China Railway Construction Corp., junto con socios mexicanos.
En Veracruz,
sin ir muy lejos, innumerables actos de corrupción han llevado a la quiebra las
finanzas estatales, y buena parte de la mala prensa impulsada por el PAN se
refiere a la implicación de funcionarios de los gobiernos de Fidel Herrera
Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en el desvío de miles de millones de pesos de
recursos federales, que no fueron invertidos en los programas etiquetados en el
presupuesto.
Para
colmo, ni siquiera el ‘inmaculado’ líder de Morena se salva de historias negras
de este tipo. ““Durante los seis años que Andrés Manuel López Obrador (2000-
2006) fue jefe de gobierno del Distrito Federal me pagaban cuatro mil pesos
para su campaña presidencial”, cuenta en anonimato María R., quien aún
trabaja en la tesorería de la capital mexicana. “Era muy molesto, pero si no lo
aceptabas te corrían””, se difunde en el reportaje publicado por La Opinión de
Los Ángeles y Sin Embargo.
En el
texto periodístico se explica la manera en que todos los partidos se financian,
sea para beneficio de sus dirigentes y funcionarios públicos o para sus
campañas electorales. Los alcaldes imponen, no bien llegan al cargo, el
‘diezmo’ a los empleados que llevan, para su uso personal.
“El
“diezmo” o “el moche”, como se conoce popularmente a esta práctica
de corrupción, tiene décadas de haberse popularizado en la vida pública
de México con tal éxito que la practican por igual en todos los partidos,
empresas que quieren contratos con el gobierno, presidentes municipales y
gobernadores; legisladores y hasta los políticos más puristas”.
Y agrega:
“En el último año, dos altos funcionarios en la Ciudad de México, Mauricio
Toledo y Elízabeth Mateos, delegados en Coyoacán e Iztacalco respectivamente,
fueron acusados de despedir a empleados que se negaron a pagar el 10
por ciento de salario para beneficio de sus jefes. Darío Larrondo, ex
coordinador de Modernización Administrativa en Coyoacán, se negó a dar los 300
dólares que exigía el Delegado y no duró más de seis meses en el puesto.
Por ser
muy ilustrativo, continúo con la cita: “En el poder legislativo la estrategia
es diferente, según acusaciones de diversos diputados en contra del ex coordinador
del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal. La Cámara de
Diputados maneja anualmente de manera discrecional una partida de
alrededor de 12 millones de dólares conocida como “Ramo 23” que en teoría
debería ser para apoyo a los estados y municipios, pero, en la práctica, ha
servido de caja chica a los congresistas que autorizan ese dinero para
políticos locales que a cambio les dan hasta el 40 por ciento.
Y acude al
testimonio de Mardonio Reyna, un exmigrante de California que regresó a
Pilcaya, su municipio natal en el estado de Guerrero, para postularse como
candidato en 2006 y ganó.
“Yo hacía
todos los trámites que había que hacer para que me dieran dinero y no entendía
por qué no me lo daban si realmente estaba demostrando que el municipio
necesitaba las obras y sin embargo otros con menos necesidad se llevaban el
dinero”, cuenta. Así fue a preguntar directo a un secretario quien le dio la
respuesta de manera indirecta: “¿Cuánto ofreció?”.
¿Cómo la
ve?
