HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Veracruz,
un polvorín
En un ambiente ciertamente crítico, no solo
por los coletazos de los acontecimientos nacionales, en particular el alza
descomunal en los precios de los combustibles y la instigación sospechosa de saqueos
muy bien organizados, este viernes el PRI y su renacida organización agraria,
la CNC, harán una demostración de músculo político en el Puerto de Veracruz.
Y lo harán justo en la
ciudad en que todavía este miércoles ocurrieron saqueos a comercios, a uno de
los cuales acudió personalmente el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para
tratar de convencerlos de que evitaran la violencia y disuadirlos de incurrir en
delitos que los pueden hacer acreedores de al menos 10 años de prisión, como
les espera a 143 personas que ya están detenidas por los saqueos de los días
previos.
Y es que todo parece
indicar que al gobernador Yunes Linares le están haciendo la travesura de
encenderle diversos focos de rebelión social, con el ánimo de minar su
ascendente político y obligarlo a reaccionar de manera impulsiva a ciertas
circunstancias. Como este jueves, cuando trató de calmar a los saqueadores que
se aprestaban a invadir Plaza Las Brisas, ofreciéndoles despensas de 500 pesos.
En diversas conferencias
de prensa, el Gobernador y sus funcionarios de política interna, seguridad
pública y justicia ofrecieron un panorama sobre los acontecimientos ocurridos
en Veracruz, Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Xalapa, entre otros sitios, donde
hubo saqueos muy bien orquestados por grupos criminales y, como en otras
entidades del país, huestes identificadas con el PRI, que buscaron generar
pánico, desmovilizar a la población para evitar que proteste contra el alza en
combustibles y establecer las condiciones para justificar actos de represión.
Que el gobierno federal
está involucrado en esos actos lo corrobora el hecho de que las autoridades
policiacas federales evitaron que la policía estatal desalojara a grupos que se
habían posesionado de casetas de cobro en la zona de Córdoba, por lo que se les
permitió afectar a decenas de miles de automovilistas y transportistas.
Pero si los saqueos que
se realizan con un número impresionante de personas muy bien organizadas (y no
como producto de una respuesta espontánea de la población) ya significan una
afectación impresionante a la economía de las empresas afectadas, de la
seguridad de los veracruzanos y de la actuación del gobierno estatal, el jueves
se abrió otro frente: el cierre de válvulas de la presa Yuribia en el municipio
de Tatahuicapan, por parte de campesinos identificados con Morena, que este
viernes empezará a afectar a más de medio millón de habitantes de
Coatzacoalcos, Minatitlán y otras poblaciones.
Impunidad,
divino tesoro
Para el gobierno de Miguel Ángel Yunes
Linares, para él mismo, ningún delito debe quedar impune. Ya hemos vivido
décadas en que tanto el gobierno federal como el estatal convirtieron a la
impunidad en el pasaporte ideal para el crecimiento de la delincuencia y la
violencia. Lo demuestra el hecho de que decenas de miles de homicidios producto
de la guerra contra la delincuencia organizada ni siquiera han merecido el
trabajo de abrir un expediente, y lo mismo sucede con miles de desaparecidos
cuyos cuerpos ni siquiera se buscan. De todos ellos, sus familiares reclaman
justicia, pero nadie está dispuesto a brindársela.
Por
eso, en las diversas actuaciones del actual gobierno, en todas las cuales ha
salido a dar la cara el mismísimo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares ha
insistido en que se castigarán los delitos que se cometan, aun cuando en estos hayan
incurrido personas en aras de una causa social.
Ocurrió
con los bloqueos a carreteras federales como la de Xalapa, frente a la SEV, y
en la caseta de Fortín, cuyos instigadores fueron detenidos en flagrancia,
aunque en lo personal no conozca su situación jurídica. Ya hemos dicho que,
derivado de los saqueos, hasta este jueves se hubiera detenido a 143 personas,
que serán sometidos a juicio por los delitos de asociación delictuosa,
privación de la libertad, lesiones, daños, incitación a la violencia, robo
agravado, terrorismo y motín, entre otros que, por su naturaleza y forma de
ejecución, no otorgan derecho a la libertad durante el proceso.
Pero el hecho grave de
negarle a cientos de miles de sureños el derecho al agua también merecerá una
acción penal rigurosa, según lo ha señalado el propio Yunes Linares. Se trata
de un acto reiterado de los ejidatarios, liderado por Lino González Bautista
que, con el gobierno de Javier Duarte, disfrutó de extrañas prerrogativas: la
recepción de 2.5 millones de pesos mensuales que, en conjunto, representaron
una sangría de 60 millones del erario, que no recibieron municipios completos.
La batalla que sigue
entre el gobierno estatal y este grupo campesino respaldado por Morena se
antoja prolongado tanto en acciones de confrontación como en tribunales, y ya
veremos quién vence al final. Lo cierto es que Yunes tiene razones jurídicas
para proceder.
El
PRI buscará abrir más la herida
En ese contexto difícil, este viernes el
dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina, tiene prevista la asistencia
de unos 15 mil campesinos al evento de conmemoración del 102 aniversario de la
promulgación de la primera ley agraria por parte del entonces presidente
Venustiano Carranza.
A
este acto, que tiene la característica de ser la plataforma de lanzamiento del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz rumbo a los comicios
municipales, acudirá el dirigente nacional priista Enrique Ochoa Reza, quien
enfrenta, en el ámbito nacional, una ofensiva intensa por parte de la vieja
guardia, encabezada por el exdirigente priista Manlio Fabio Beltrones, quienes
no solo se han ido contra él sino también contra Enrique Peña Nieto, por el
gasolinazo.
Y
es que el PRI ha sido entreguista, mientras sus sectores y organizaciones, de
transportistas, taxistas e, incluso, agricultores adheridos a la CNC y otras
agrupaciones priistas, han protagonizado manifestaciones y bloqueos por estar
en contra del aumento desmedido en los
precios de las gasolinas.
También
está prevista la presencia del senador Manuel Cota Jiménez, dirigente nacional
de la CNC, quien ha señalado que hoy los retos en materia agraria están
orientados a aumentar los índices de productividad, calidad y sanidad; a llevar
servicios de organización agropecuaria, forestal y pesquera, más recursos
financieros y tecnológicos, extensionismo y capacitación, además del fomento a
la comercialización y exportación de productos del campo.
Por eso se prevé que en
el acto de este viernes 6 de enero, Cota Jiménez haga un exhorto a los
cenecistas del país a mantener el ritmo de producción de alimentos e, incluso,
incrementarlo, para disminuir las importaciones, en un contexto internacional
negativo como el que caracterizará la relación con Estados Unidos, con la
llegada de Donald Trump a la Presidencia del país vecino.
El dirigente campesino
Juan Carlos Molina, por cierto, se enfila poderosamente hacia una de las
candidaturas del PRI al Senado de la República en 2018, año en que Veracruz se
convertirá en un verdadero infierno porque, además de los comicios para elegir
al Presidente de la República y renovar las cámaras de Senadores y Diputados
del Congreso de la Unión, se elegirá Gobernador del Estado y Diputados locales.
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