Comunicación: enlaces y desenlaces
Desactivar
la excesiva centralización aplicada a la comunicación social desde el gobierno
de Fidel Herrera Beltrán, pero recrudecida a estados demenciales durante el
reinado de Gina Domínguez Colío en el actual gobierno, parece ser la próxima
tarea de Alberto Silva Ramos, coordinador general del área.
El
nuevo vocero no solo ha anunciado que cambiará a los actuales enlaces de
prensa, todos ellos nombrados atendiendo a criterios personales y mafiosos,
sino que analizará la desaparición de esa figura institucional en que su
antecesora sustentó parte del control férreo sobre lo que se comunicaba desde
las dependencias y sobre los recursos presupuestales que tenían asignados para
comunicación.
Si
cambia el enfoque del trabajo de las oficinas de prensa de las secretarías del
despacho para convertirse en difusoras de los avances de objetivos y metas
trazados para cada una de ellas (y no en simples difusoras de actos públicos),
ganará en calidad la comunicación institucional.
Y
es que desatendiendo las agendas particulares de las dependencias, Gina
Domínguez establecía qué sí y qué no debía salir a los medios, y asignaba
valores y jerarquías a los comunicados para normar el criterio que los medios
debían atender para su publicación, de manera que la mayoría de las veces las
secretarías no se beneficiaban con la difusión de sus logros y actividades,
pese a que sus recursos para este rubro eran dilapidados.
Concentrar
en sus manos tanto la información que salía y debía publicarse, como los
presupuestos para publicidad de toda la estructura gubernamental, le permitió
establecer estímulos y castigos a los medios de comunicación: no solo
contrataba espacios sino que obligaba a las empresas periodísticas a responder
a sus oscuras estrategias de promoción. Para ello, sembraba en los empresarios la
incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos, lo que le permitía operar a
distancia en las propias redacciones, estableciendo lo que debía publicarse.
Además,
impedía que temas que consideraba negativos para la imagen gubernamental fuesen
publicados o abordados; lejos de ser benéfico para la tarea de gobernar, colocó
a los medios contratados en una especie de limbo: los lectores empezaron a
alejarse de ellos (y, por ende, de la información gubernamental que en ellos se
publicaba), y evitó que las dependencias gubernamentales conocieran y
reaccionaran ante casos de protesta social. Como consecuencia, medios y
analistas críticos, fundamentalmente en plataformas electrónicas (portales,
agencias informativas, blogs), vivieran un auge en lectores y seguidores, lo
que aún se mantiene.
El periodismo se fue a las banquetas
Gracias
al férreo control que logró el esquema de enlaces de prensa, los periodistas se
vieron obligados a tener como única fuente de información del gobierno a la
coordinación de comunicación social. El siguiente paso, sin embargo, fue
cerrarles las puertas de esa oficina, convertida en un valladar que contaba con
varios filtros; el último de ellos, infranqueable.
Como,
por otra parte, los enlaces de prensa evitaban el paso de los periodistas al
contacto con los secretarios y directores de área, la mayor producción de notas
periodística tuvo como fuente improvisadas entrevistas de banqueta. Molestos
por el desdén y el desprecio, tanto los cuestionamientos como las notas
informativas se enfocaban a golpear a los funcionarios. Con ello, distanció al
gobierno estatal de los periodistas de a pie.
Poco
le faltó a Gina Domínguez para imponer a los encargados de prensa de los
ayuntamientos, aunque sí pudo en el caso de Xalapa, donde la exalcaldesa Elízabeth
Morales debió despedir a su jefa de prensa para darle paso a Vicky Hernández
(hoy enlace de comunicación en la Legislatura local), quien respondió a las
órdenes de la funcionaria estatal e impidió que los medios satanizados lograran
la contratación de espacios publicitarios en el ayuntamiento.
El
actual director de comunicación municipal, Miguel Valera Hernández, fungió como
director de prensa de Gina Domínguez durante tres años, por lo que es posible
que su salida de la coordinación general fuera autorizada bajo la expectativa
de mantener el control de la comunicación en ese nivel de gobierno, una
hipótesis que ya no se podrá corroborar.
Grave daño a la imagen de Javier Duarte
Bloqueados
los secretarios para manejar la información de sus áreas de competencia, todo
el peso de la comunicación gubernamental recayó en la figura del gobernador
Javier Duarte. De pronto nos dimos cuenta de que no había gobierno: solo un
gobernador y su vocera.
La idea de que una buena administración
pública es la suma de logros de todos sus componentes desapareció. Ante graves
conflictos generados por acciones de funcionarios o sus dependencias, el único
que debía contrarrestarlo era Comunicación Social; los enlaces ni siquiera se
sentían involucrados y, acaso, aportaban alguna información para elaborar un
comunicado, lo que rara vez ocurría.
La estrategia fue la del golpeteo
anónimo. En lugar de que la instancia gubernamental involucrada saliera a los
medios a enderezar entuertos o aclarar malos entendidos, se filtraban ‘notas
periodísticas’ o ‘comentarios políticos’ en que se golpeaba con rudeza
innecesaria a quienes habían señalado fallas o desvíos, fueran políticos o
periodistas.
Pese a que en muchas ocasiones era
indispensable que el gobernador Javier Duarte de Ochoa saliera al paso con la
información correcta que derribara erróneas o sesgadas interpretaciones, el
silencio público permitía generar la idea de que el gobierno callaba porque no
tenía argumentos.
La entrada de Alberto Silva Ramos ha
significado un verdadero golpe de timón. Una muestra: cuando muchos periodistas
comentábamos erróneamente sobre el tema del impuesto predial, cuya recaudación
y manejo supuestamente les serían sustraídos a los ayuntamientos por una
inexistente iniciativa de ley de Duarte, el vocero salió a desmentirlo en las
redes sociales; acto seguido, salió el propio gobernador a corregirle la nota a
la revista Proceso y, junto con él, hubo declaraciones del secretario de
Finanzas y Planeación. Así de fácil.
Falta ver la reacción por la
supuesta declaración del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, sobre la interposición
de una controversia constitucional contra la nueva ley educativa de Veracruz
por no considerar uno de los más importantes mecanismos coercitivos, el
despido, contra aquellos maestros que no hubiesen salvado las evaluaciones. Pero, en términos generales, la nueva
dinámica comunicacional va abonando en la cicatrización de las tensas
relaciones entre prensa y gobierno.
Un paso más será que las
conferencias de prensa semanales que ofrece el gobernador Javier Duarte de
Ochoa los lunes, no solo se realicen en Xalapa sino también en Coatzacoalcos,
Córdoba, Veracruz, Poza Rica y Pánuco, entre otras ciudades, lo que permitirá a
la población de estas regiones saber que tienen a un gobernante de carne y
hueso.
Ya iremos calibrando los aciertos y
desaciertos de esta área conforme se vayan presentando los acontecimientos.
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