HORA
LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Diputados
locales van contra el IPE
Como
un peligro real para los veracruzanos, los diputados locales (con
mayoría del PRI, el PVEM y demás partidos aliados) se han
caracterizado por aprobar sin mayor análisis crítico cualquier
iniciativa enviada por el Ejecutivo, aún aquellas que son lesivas
para los derechos de la población, cuando no graves retrocesos en la
legislación social y política vigente e, incluso, dañinas para la
precaria estabilidad de las finanzas públicas, como la aprobación
de nuevos empréstitos que nunca sirven para lo que fueron
solicitados.
Este
lunes, el Congreso del Estado está presto a analizar y, seguramente,
aprobar sin mayores contratiempos, la iniciativa de reforma al
artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (Ley del IPE),
mediante la cual se busca transferir a los patrones (léase
Universidad Veracruzana, dependencias estatales y demás órganos
autónomos) la actual obligación del gobierno estatal de cubrir el
subsidio para saldar todos los pagos por pensiones y jubilaciones.
En
su redacción actual, el artículo 98 establece que, “de darse el
caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con
las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit
será cubierto por el Gobierno del Estado y organismos públicos
incorporados a que se refiere el artículo 3°, en la proporción que
a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios
especiales”.
La
condicional establecida al final del artículo, la de la celebración
de convenios específicos, ha impedido que en su lucha por destruir a
la más importante institución de educación superior en la entidad,
la UV, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, esté imposibilitado legalmente para cobrarle
a lo chino cerca de 3 mil millones de pesos del supuesto adeudo de la
casa de estudios, y por tanto, deba seguir su curso la denuncia penal
interpuesta por la UV por retención de más de 2 mil millones.
Ante
ello, Javier Duarte de Ochoa ha propuesto modificar dicho artículo
con una redacción a modo: “De darse el caso que los recursos del
Instituto no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo
establecidas en la ley, el déficit será cubierto directamente a los
beneficiarios por los patrones.”
De
aprobarse dicha reforma (como seguramente ocurrirá, puesto que el
líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo está ligado con el
magisterio federal, que no está sujeto al régimen estatal de
pensiones), no solo se pondrá en grave riesgo la existencia del IPE.
Con
ello, también se vulnerarán los derechos de miles de trabajadores
activos que cotizan y de quienes ya reciben sus pensiones, además de
la salud financiera de dependencias como la Secretaría de Educación
(SEV), la UV, el Poder Judicial y las dependencias estatales cuyos
trabajadores son beneficiarios del sistema estatal de pensiones.
La
grave situación financiera en que se ha puesto en los últimos doce
años al IPE, cuya reserva técnica ha desaparecido por haber sido
utilizada para fines distintos al de asegurar las pensiones de los
trabajadores jubilados, ha hecho que el gobernador Javier Duarte de
Ochoa proponga transferir la propiedad de inmuebles como los estadios
Luis Pirata Fuente y el de beisbol Beto Ávila, además de Acuario de
Veracruz, que no servirán para resarcir recursos que se calculan en
5 mil millones de pesos, puesto que el IPE no puede venderlos.
Dóciles
instrumentos de una insana reformitis
No
es la única ocasión en que los diputados locales –salvo honrosas
pero mínimas excepciones– se han prestado a aprobar reformas
constitucionales retrógradas. Para no abrumar, pongamos por caso la
ley antiaborto.
El
21 de enero, el Congreso local aprobó una reforma al artículo 4 de
la Constitución estatal con la que, según el creador de la
iniciativa, Javier Duarte de Ochoa, quedó protegido el derecho a la
vida del ser humano “desde el momento de la gestación hasta su
muerte natural”, cancelando por esta vía la posibilidad de que se
practique la interrupción legal del embarazo.
Según
la justificación, la reforma busca resguardar “el más
fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho
a la vida”, y fue aprobada de manera directa en menos de 72 horas
por el pleno legislativo, sin haber sido analizada en comisiones.
Para
no tener dudas sobre de dónde provino la excitativa, que convenció
al gobernador y luego a los dóciles diputados, la reforma
antiabortista —aprobada por 38 votos a favor y seis en contra—
fue elaborada a petición de la organización civil “Sí a la
Vida”, que en 2015 recabó 28 mil firmas ciudadanas en apoyo a esta
enmienda legal.
La
iniciativa de reforma establece que el concepto de “protección a
la vida desde su concepción” responde a la reforma hecha en 2011
al artículo 1 de la Constitución mexicana, con la cual, toda norma
relacionada con derechos humanos deberá interpretarse bajo los
criterios que garanticen a la persona la protección más amplia.
Siguiendo
esta lógica, la iniciativa de Duarte concluye que la protección más
amplia del derecho a la vida humana debe abarcar desde la
“concepción” misma, es decir, desde el momento en que un óvulo
y un espermatozoide entran en contacto.
Aunque
Duarte aseguró que ésta se sustenta “en los estudios científicos
realizados por los especialistas en la materia”, la Corte ha
reconocido que en México no existen estudios oficiales que permitan
saber en qué momento inicia la fecundación del óvulo por parte del
espermatozoide, o si la simple adhesión de estas dos células puede
considerarse como prueba de surgimiento de la vida o de la esencia
humanas.
En
la introducción de su iniciativa, el gobernador Duarte también
equipara la interrupción del embarazo con la “pena de muerte”, y
a partir de esta comparación concluye que una acción es tan
ilegítima como la otra.
A
dicha conclusión llegó tras estudiar la definición del “derecho
a la vida” que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en 2002, cuando discutía, precisamente, la legalidad de la pena de
muerte.
Según
esa definición, “nadie podrá ser privado, entre otros derechos,
de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia”. De esta
forma, la reforma legal propiamente no protege el derecho a la vida
de aquellas células conformadas por la unión de un óvulo y un
espermatozoide humanos, sino que protege su derecho de audiencia.
Diputados
locales, perezosos y dañinos
Y
es que el Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se
gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües
negocios a la sombra de la gestoría. A lo que menos se dedican sus
diputados es a legislar y, cuando lo hacen, es por órdenes del Poder
Ejecutivo y pueden acatar cualquier iniciativa sin mayor estudio,
recibiendo en muchos casos el extrañamiento de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Pese
a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva
legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los
diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa
disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como
un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar
sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello
enfocado en sus intereses personales.
Para
colmo, el de Veracruz es de los congresos más caros para los
contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las
Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de
pesos anuales, arriba de la media nacional), y es de las legislaturas
que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de
diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El
grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas
legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso,
además de razones políticas, es producto de un calendario de
sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos
de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma
de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el
país.
Un
estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx
apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.
Si
bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más
caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco
meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas
prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin
trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos
de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177
días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más
perezosos e improductivos.
¿Los
veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada
uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un Congreso cuyos
diputados dedican más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar
en modernizar nuestras leyes y normas?
Si,
para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican
a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del
Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del
Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas
y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar
por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final
de cada legislatura.
Solo
como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los
congresos locales que más trabajan son los de los estados de
Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los
congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses
al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas,
Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de
Veracruz, Campeche y Distrito Federal.
¡Y
todavía salen sonrientes en las fotografías!
