Comunicado de Prensa (*)
PRECISIONES AL SECRETARIO DE GOBIERNO
DE MICHOACÁN
(*) Opinión del especialista en
asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 27 de junio de
2012.-Con interés he leído las reacciones
que en Michoacán le han dado seguimiento a lo que sostuve y sostengo en mi texto
habitual de la revista Proceso que circula esta semana (al final se anexa enlace). En este momento me
encuentro fuera del país por razones académicas, pero ello no obsta para que
esté atento a lo que sucede en nuestro estado. Sobre el particular y para
conocimiento de la opinión pública, quiero hacer algunas precisiones a lo
señalado por el señor Jesús Reyna, Secretario de Gobierno de
Michoacán:
1.- Afirma que lo importante no es el mensaje sino el
mensajero. Vincula al director de comunicación del ex gobernador como difusor de
mi texto. No sé si ello fue así o no. Si fue, agradezco, por supuesto, la amable
difusión. Fue Quadratín quien desde el domingo reprodujo en Michoacán mi
artículo de Proceso y creo firmemente que lo hizo por interés periodístico, no
por haber recibido consigna alguna. Por cuanto a mí concierne, se puede revisar
en Proceso mis ácidas críticas a Leonel Godoy, razón por la cual sería un
ejercicio de masoquismo que haya relación con quien fue un gobernador
cuestionable.
2.- Señala que su subsecretario Fernando Cano,
efectivamente no tiene cédula profesional, sino que “por un error se le menciona
como ingeniero en el directorio institucional y ya se corrigió”. No dice de
quién fue el error. ¿Por qué el teniente Cano no aclaró esa anomalía y dejó que
pasara? ¿Presentará una denuncia de hechos ante la autoridad competente para
salvar su honor del desprestigio que el propio gobierno de Fausto Vallejo le
ocasionó?
3.- Señala que sí cuenta con cédula profesional el señor Rubén
Pérez Gallardo en virtud de “haber pasado varios filtros” para obtener su
patente de Notario Público. No dijo, empero, que él mismo (Reyna) se desempeñó
como Secretario de Gobierno en el gobierno de Ausencio Chávez y fue “el filtro”
de Pérez Gallardo. Es una extraña casualidad.
Por otro lado, el
gobernador Fausto Vallejo hizo pública la fecha de expedición de la cédula
profesional del Procurador Plácido Torres Pineda, 9 de octubre de 1974 a nivel
local; es decir, expedido por el propio gobierno de Michoacán. ¿No resulta
extraño, por decir lo menos, que el señor Torres haya obtenido su cédula local,
justo tres días antes de que entrara en vigor el convenio celebrado entre el
gobierno de Michoacán y la Secretaría de Educación Pública Federal publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del 1974 para iniciar su
vigencia el 12 de octubre de 1974. De acuerdo al citado convenio en su cláusula
segunda se dispone que: “El Gobierno del Estado conviene en no registrar títulos
profesionales y grados académicos ni expedir CEDULAS o PATENTES DE EJERCICIO,
mientras se encuentre en vigor el presente convenio”? ¿No es posible que el
propio gobierno de Fausto Vallejo haya creado la cédula de Plácido Torres para
salvarse la cabeza? ¿Por qué Plácido Torres se condenó en su juventud a nunca
salir del estado para prestar sus servicios a la patria, habida cuenta que de
acuerdo al convenio citado su cédula sólo tiene validez en Michoacán y
territorios federales que ya dejaron de existir hace muchos
años?
Asimismo, quiero decir que seguiré con el tema. Fausto Vallejo y su
gobierno constituyen un interesante fenómeno de cooptación, corrupción e
ineficiencia que debe ser analizado con profundidad y difundido a la opinión
pública. De la misma manera hago votos porque los morelianos voten por quien
quieran, pero lo piensen varias veces si lo hacen por el señor Wilfrido Lázaro
Medina del PRI (no Salvador Abud como erróneamente puse en la versión escrita en
mi texto de Proceso, quien es candidato a síndico por el mismo PRI), quien
representa más de Fausto de lo mismo que no se merece el Estado. A quien, debo
decir también, no conozco ni tengo nada personal contra Fausto ni contra
Wilfrido. Me basta saber sus relaciones y sus prácticas para opinar lo anterior.
Atentamente
Dr. Ernesto Villanueva
Investigador Nacional
III del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt
Investigador
titular C por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
donde se desempeña como coordinador del área de derecho de la
información.
TEXTO EN DISCUSIÓN.....
ARTÍCULO EDITORIAL (*)
EN MICHOACÁN, GOBIERNO DE IMPOSTORES
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 25 de junio de 2012
La simulación, la violación de la ley y la mentira son algunas de las características de la política mexicana. El nuevo gobierno del PRI a cargo de Fausto Vallejo Figueroa, para desgracia del estado de Michoacán y de los mexicanos, camina hacia atrás. Veamos los datos que sustentan lo que afirmo.
Primero. Los cuatro rubros que mayor inquietud generan en Michoacán son: a) la seguridad y la gobernabilidad; b) la educación; c) las finanzas públicas, y d) la adopción de políticas públicas que brinden certeza jurídica, idoneidad en los perfiles de puestos, combate a la corrupción y rendición de cuentas… A poco más de cuatro meses de gobierno, Fausto Vallejo ha entregado la plaza. Al fin y al cabo, recurre en su gobierno a los peores usos y expresiones de la política priista. La oficina del gobernador constituye un atentado al sentido común. De humor involuntario resulta el equipo de “asesores” de Fausto Vallejo. Se trata de ocho personas que, en el mejor de los casos, tienen licenciatura. Una parte de ellos se ostenta como profesionista sin contar con su cédula profesional. No hay una lógica temática, con doctores con amplias prendas profesionales en las más distintas áreas, que sería lo razonable y deseable. No es el caso. Si esos son los que asesoran, ¿se imaginan como están los asesorados? Exactamente, mal.
Segundo. En el primer rubro, relativo a gobernabilidad, el jefe del Ejecutivo se ha allegado de personas sin credenciales. El subsecretario Fernando Cano Ochoa se ha ostentado como “ingeniero”, pero en la Dirección General de Profesionales de la SEP no hay registro alguno al respecto. En la misma situación se encuentra el subsecretario Rubén Pérez Gallardo Ojeda, quien se presenta como “licenciado”, aunque tampoco se encuentra nada que lo acredite como tal. Su caso es peor: tiene una notaría pública que, al margen de la ley, le fue otorgada (es imprescindible contar con la cédula profesional de licenciado en derecho para ser titular de una notaría), y fuera de la norma opera con toda impunidad violando lo previsto en el artículo 116, inciso III de la Ley del Notariado local. Y así se pueden citar muchos ejemplos más en la Secretaría General de Gobierno. ¿Usted confiaría en un grupo que viola la ley para proteger la ley?
En materia de seguridad, el procurador general de Justicia, Plácido Torres Pineda, carece de cédula profesional de abogado pero se ostenta como tal. Esto constituye un delito gravísimo que reclama su retiro del cargo y ser procesado, en los términos del artículo 101, fracción III de la Constitución de Michoacán. ¿Cómo puede perseguir el delito quien incurre en la violación de la ley? En la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria técnica, Adriana Ávila Romero, es licenciada en mercadotecnia. No se tiene una experta en seguridad, sino a alguien que se dedica a “vender” a la sociedad la especie de que las cosas van bien cuando están mal.
Tercero. El sector educativo representó una de las “altas prioridades” de Fausto Vallejo. El equipo humano y su pobreza intelectual lo que asegura son resultados catastróficos. En efecto, la secretaria de Educación cuenta apenas con una licenciatura en educación media. La subsecretaria, María Esther Dagio, se presenta como “licenciada”, pero carece de cédula profesional. Sólo uno de los asesores cuenta con estudios universitarios. La directora de Educación Elemental, Delia Anaya Sánchez, no concluyó estudios profesionales. El director de educación superior, Francisco Javier Hurtado Cabrera, es ingeniero en sistemas y no tiene idoneidad con el perfil del puesto. El director de Profesionalización Docente, José Ramírez Guzmán, es el único que tiene en su haber estudios de posgrado relacionados al cargo. La directora de Evaluación Educativa, Norma Isela Arreola Cisneros, no tiene cédula profesional. El director de Educación Indígena, Ramón Rojas Rangel, se presenta como “licenciado”, pero la SEP no tiene registros de él y, por ende, no tiene cédula profesional. Los otros cuatros directores vinculados con el área administrativa tampoco disponen de credenciales universitarias de ningún tipo. Y como es divisa de Vallejo, la directora general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Esther García Garibay, la “doctora”, tampoco tiene cédula profesional, ni de licenciatura. ¿Y estos son los mejores perfiles que prometió Vallejo? Es evidente que jamás podrán enseñar lo que no saben, condenando a niños, jóvenes y adultos a ser, en el mejor de los casos, analfabetos funcionales. El mundo al revés.
Cuarto. Se ha dicho que Michoacán está urgido de dinero porque aparentemente quien fue gobernador en el periodo pasado dejó las arcas vacías. Para enfrentar esta situación de crisis y necesidad de recursos, Fausto Vallejo ha tomado decisiones ante las que uno no sabe si llorar o reír. En efecto, la importantísima Secretaría de Finanzas y Administración tiene también el sello de la casa. Su titular, Luis Miranda Contreras, carece de cédula profesional; y el subsecretario de Finanzas, Roberto Villa Lemus, quien se presenta como “ingeniero”, así como el director de Ingresos, Aurelio Montiel Ángeles (el “licenciado”), se encuentran en la misma situación.
Con este equipo digno de Vallejo pero indigno de los michoacanos, ¿qué futuro le puede esperar al estado? Es lógico que la falla estructural existe de la cabeza a los pies. La directora de Auditoría del Sector Central de la Contraloría del Estado, María Bertha Quintana León, la “contadora pública”, no tiene cédula profesional. La asesora de la Contraloría, Teresa Gutiérrez Cortés, la “licenciada”, tampoco. ¿Cómo pueden vigilar que se cumpla la ley que ellas mismas son las primeras en violar? El próximo 1 de julio se efectúan elecciones para la Presidencia Municipal de Morelia. Hay tres opciones, y una de ellas, la del candidato del PRI-PVEM, Salvador Abud Mirabent, cercanísimo a Fausto Vallejo, está en la misma ruta hacia el mundo de las cavernas. Esto es sólo la punta del iceberg de una disfunción de las instituciones de Michoacán que no debería existir más.
Cabe señalar que todos los datos profesionales fueron validados en la SEP y protocolizados ante la fe de un notario público quien sí tiene cédula profesional de licenciado en derecho y patente en regla, como debería ser en todos los casos.
