HORA LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Veracruz se judicializa:
no tenemos tregua
En
Veracruz todo parece estar tocado por querellas, denuncias, investigaciones
ministeriales, casos de violencia que no se resuelven, homicidios, amenazas a
periodistas, corrupción galopante, delincuencia desatada… Nadie se salva de
tener contacto con un hecho criminal, sea como víctima, observador o
perpetrador.
A
la ola de indignación y estupefacción por el vil asesinato de la joven de Boca
del Río, quien fuera secuestrada, ultrajada, asesinada y arrojada a un terreno
baldío, le han antecedido decenas de casos similares, si bien de jóvenes cuyas
familias no tienen los mismos recursos e influencias que los de Columba
Campillo para hacer público el hecho y para obligar a las autoridades
ministeriales a actuar de inmediato, aunque sus hipotéticas acciones no fueron
suficientes para evitar el fatal desenlace.
Las
organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de las mujeres
en particular, cuya afectación ha crecido como la espuma en Veracruz , señalan
una tendencia abominable en la violencia de género, que no solo se expresa en
un creciente número de feminicidios (que, por desgracia, la Fiscalía General
del Estado no contabiliza como tales), sino también en actos de violencia en el
seno de los hogares y en las relaciones de pareja en general, acompañados de
golpes, descalificaciones verbales, abandono, negativa a proporcionar el
sustento de esposa e hijos, y amenazas, entre otras agresiones.
Según
datos del sector Salud en Veracruz, entre 2012 y 2013, más de 9 mil mujeres
fueron internadas en nosocomios públicos para ser atendidas por golpizas dadas
generalmente por sus parejas; lo más grave, cerca de mil 100 no lograron
sobrevivir. A ello debemos considerar, aunque no estén formalmente
contabilizados, los casos de mujeres golpeadas que curaron sus heridas fuera de
las instalaciones oficiales de salud.
Para
colmo, según un monitoreo en medios de comunicación levantado por el Centro de
Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, en 2014 fueron divulgados en
prensa más de 70 casos de feminicidio y más de 80 mujeres desaparecidas; por
desgracia, los periodistas que dieron a conocer los hechos no profundizaron en sus
indagatorias para conocer las condiciones en que se realizaron los delitos e,
incluso, quitaron dramatismo a hechos de violencia cometidos contra seres
indefensos al mofarse en cabezas y textos de las mujeres víctimas, según la
investigadora de la Facultad de Antropología, Estela Casados González.
Un
lenguaje discriminatorio, por supuesto, del que no están exentas las
autoridades ministeriales, que tiene el efecto de minimizar un hecho sangriento
cuando la víctima es una mujer. Ese mismo punto de vista se observa en agencias
del Ministerio Público que postergan atender denuncias por violencia doméstica
impidiendo brindar la protección de la justicia a mujeres que, por desgracia,
semanas o meses después, mueren a manos de sus parejas o acosadores.
El estudio universitario aplicado en 35
medios de comunicación señala que los municipios donde se detectaron más casos
de violencia son: Coatzacoalcos, con 72, Poza Rica (18), Veracruz puerto (17) y
Naranjos (15), en donde la violencia fue desde la desaparición hasta el
feminicidio.
Según el director de la organización Justicia,
Derechos Humanos y Género, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, entre 2012 y 2013
se cometieron 175 asesinatos de mujeres en Veracruz, pero solo 87 casos (49 por
ciento) se investigan como feminicidios. Por desgracia, señala, no hay todavía
una sentencia por feminicidio, lo que habla de una situación de impunidad, “una
situación donde los casos no están siendo debidamente sancionados, están en
investigación o han sido consignados pero no se llega a una sentencia”. Lo
grave es que 4 % de feminicidios se cometió contra niñas desde 0 hasta 10 años
de edad, mientras que otro 10 por ciento se realizó contra niñas y jóvenes
cuyas edades fluctuaron entre los 11 y los 20 años. Entre los 21 y 40 años se
observa la mayor incidencia de feminicidios (37 por ciento).
Juana Valencia Reyes, representante de la
Asociación Civil “Kalli Luz Marina”, reveló a mediados de abril que en lo que
iba del año se registraban solo en la región de Zongolica 62 feminicidios, ni
uno de ellos resuelto; el mayor problema, dijo, es que los policías
ministeriales no cuentan con la preparación adecuada para integrar las
investigaciones, lo que resulta en impunidad para los agresores de las mujeres.
A los pendientes por secuestros,
homicidios y robos con violencia, el sistema jurídico veracruzano sigue
acumulando un altero importante de expedientes por violencia de género que no
podrá atender y, por tanto, contribuirá al crecimiento de la impunidad que ya
duele a toda la sociedad veracruzana.
La
corrupción también nos tiene en tribunales
Pero si los delitos de género nos tienen
en crispación, si el riesgo inminente de levantones, secuestros, violaciones y
homicidios contra jovencitas tienen en vilo a miles de familias en la entidad,
no podemos obviar una realidad que profundiza el malestar social, recrudece la
desconfianza en el gobierno veracruzano y pone en entredicho las acciones de
todos sus brazos, incluido los de seguridad y de procuración de justicia: la
creciente corrupción de los funcionarios públicos.
Y es que en Veracruz todos tenemos el
grave riesgo de caer en las redes de la delincuencia, tanto la que se ha
enseñoreado en las calles de los principales centros urbanos de la entidad
(pero también en zonas rurales o parajes despoblados que sirven de rutas a sus
actividades ilícitas) como en la que tiene tomado por asalto la estructura
burocrática municipal, estatal y federal.
El reciente punto de acuerdo tomado en la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidiendo agilizar las
investigaciones emprendidas originalmente por la Procuraduría General de la
República, a instancia de la Auditoria Superior de la Federación, por visibles
y posibles actos de desvío de recursos públicos federales por parte del
gobierno veracruzano, ponen a la población en una situación de alta
vulnerabilidad.
Es claro que el llamado lanzado por el
senador panista Fernando Yunes Márquez, y apoyado por unanimidad, tiene un
claro sesgo electoral. Su anuncio a los cuatro vientos, tanto por el propio
senador como –momentos antes de darse el acuerdo- por su padre, Miguel Ángel
Yunes Linares, atiende a un imperativo político en momentos en que se debate la
próxima conformación de la Cámara de Diputados federal. Ya hemos visto cómo
panistas y priistas buscan echar excremento al ventilador para exponer al
contrario como el más corrupto, y cómo ambos partidos tienen razón.
El asunto de fondo es que difícilmente se
puede acelerar una investigación ministerial que está en proceso, que en la
propia instancia de la ASF debe cumplir con plazos establecidos en la propia
ley y hasta que esos requisitos se cumplan y, en la hipótesis de que una vez
cumplido el plazo no se logren acreditar las observaciones sobre posibles
quebrantos a la hacienda pública, ver actuar a la PGR. Por lo pronto, no deja
de ser un acto propagandístico que trae aparejados buenos dividendos políticos
para el PAN.
Como quiera que la conciencia social se
ha movido en apremio de las autoridades ministeriales para que caigan a un
reclusorio varios de los personajes identificados como los causantes de la
quiebra pública, lo cierto es que ello podría significar el encarecimiento de
los sufragios.
Ya hemos visto que el Estado es pródigo
con sus hijos aunque se consideren ovejas negras. Y si no, lea lo que el
periódico El País publicó este fin de semana en su portal en internet:
“El
listado de funcionarios mexicanos que han recibido castigos por corrupción en
los últimos 15 años suma centenas, pero las multas que le han sido impuestas
por el Gobierno quedan, en su gran mayoría, sin pagar. Solamente en la Comisión
Federal de Electricidad, el organismo oficial mexicano encargado de gestionar
la electricidad, se han impuesto multas a por lo menos 40 funcionarios en este
tiempo por más de 1.325 millones de pesos, unos 83,7 millones de dólares”.
Es
decir, de poco nos ha de servir que las autoridades federales actuales se vayan
contra los funcionarios corruptos del gobierno veracruzano porque, salvo el
caso de que los lleven tras los barrotes de una celda federal, lo cierto es que
el dinero defraudado al erario no será restituido, ni cobradas las multas que
se les impongan, por lo que en unos cinco años, cuando salgan, investidos bajo
el velo de haber sido encarcelados como una forma de persecución política, se
dispondrán a disfrutar alegremente de las fortunas amasadas a costa de los
veracruzanos.
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