HORA
LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Tras
la grave tormenta política y mediática enfrentada con bajos
reflectores propios en las dos semanas previas, el gobernador Javier
Duarte de Ochoa tendrá que iniciar esta semana con medidas que le
permitan restar intensidad a los focos rojos creados por su
administración (muchos pensamos que sin ninguna utilidad y más bien
producto de actos de torpe espontaneísmo e indudable propósito
pendenciero) y tratar de no emprender una nueva batalla personalista.
En
el último mes, Duarte ha colmado de piedritas su propia agenda
política. Ya era grave el retraso en el pago de pensiones a los
jubilados de toda la estructura gubernamental, que viene arrastrando
desde el año pasado y que pone en su contra no solo a los afectados
directos sino a miles de veracruzanos que siempre estarán a favor de
personas que han ofrecido su vida al trabajo en escuelas y oficinas.
Lo
más grave mediáticamente ha sido su batalla, directa o por
intermedio de dos de sus secretarios (Sefiplan y Segob) emprendida
contra la Universidad Veracruzana, algunos dicen que por la amistad
entre la secretaria universitaria de Administración y Finanzas,
Clementina Guerrero, y el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel
Ángel Yunes Linares, e incluso por los vínculos con el PAN entre el
esposo de la rectora Sara Ladrón de Guevara.
Si
esto fuera cierto (que no es una tragedia si consideramos que vivimos
en un régimen democrático), la mejor forma de desactivar la posible
utilización electoral del diferendo por parte de Yunes Linares
habría sido acordar de inmediato un calendario de pagos que
asegurara la liquidación en el corto plazo de la deuda por más de 2
mil millones de pesos que se arrastra desde el año pasado.
En
lugar de eso, y en medio de las denuncias penales interpuestas por la
UV tanto en el ámbito local como federal, la reacción gubernamental
se basó en una torpe demanda tanto de un supuesto adeudo de la UV al
IPE y al impuesto a la nómina, ambas sin ningún fundamento
jurídico, que solo atrajeron la mirada inquisitoria tanto de la
prensa nacional como de la Cámara Alta del Congreso de la Unión,
que el jueves pasado aprobó una solicitud al gobernador Duarte para
que pague de inmediato el adeudo.
Su
salida fue anunciar, un día antes de que Xalapa viviera una de las
manifestaciones más impactantes de la comunidad universitaria
(alejada por cierto de la convocatoria de los partidos políticos,
cuyos integrantes egresados también se expresaron pero como
universitarios), el envío al Congreso local de una iniciativa de
reforma constitucional que obligue al gobierno estatal a destinar
obligatoriamente el 3 por ciento de su presupuesto anual a la casa de
estudios.
Solo
habría que preguntar si esa iniciativa, una vez aprobada por los
diputados, podrá ser aplicada en 2016 (último año de su gobierno
en que ya se aprobó un recorte de más de 200 millones de pesos) o
solo es un pendiente que dejará al próximo gobierno, a partir de
2017. También, si en paralelo retirará definitivamente la reforma
al artículo 98 de la Ley del IPE que obligaría a la UV una
erogación anual superior a los 400 millones para cubrir el déficit
en el IPE.
Peña
Nieto, ¿limitado por la complicidad?
Pero
siendo lo más relevante lo de la UV, que podría saldar si hace
fluir los abundantes recursos retenidos, Javier Duarte de Ochoa
tendrá que pensar (con apoyo de funcionarios federales) cómo
bajarse del tren de la insana vocería con relación al tema
electoral.
Cada
vez que sale a la prensa, en entrevistas buscadas a propósito,
Duarte ha puesto en mayor riesgo la credibilidad ya no de su gobierno
(de por sí perdida) sino en la del precandidato priista Héctor
Yunes Landa, quien ha debido engolar la voz y recrudecer el tono de
su discurso contra la visible corrupción en el gobierno estatal,
para marcar distancia y deslindarse del fardo que significa para el
PRI lo que ha ocurrido en los últimos 11 años.
En
medio de todo ello, parece clara una cada vez más ríspida relación
de Duarte con el gobierno federal y el PRI nacional, que le ha
convertido en víctima de una ruda campaña mediática, donde se
prodigaron datos duros sobre presuntos desvíos de recursos federales
por parte de su gobierno, se le cuestionó su personal batalla contra
Héctor Yunes Landa y se le ubicó en un escenario de inminente
renuncia a su cargo, para contener males mayores.
Aunque
era deseo de un gran número de veracruzanos, lo cierto es que muy
difícilmente se le puede hacer a un lado si él no está de acuerdo,
y mal haría el gobierno federal en aplicar una medida de este
talante (que ya aplicó en Guerrero y Michoacán), aplicando métodos
más drásticos, si antes no preparó el terreno.
Ya
sabemos que las constantes visitas del presidente Enrique Peña Nieto
a Veracruz (ninguna de ellas, por cierto, para inaugurar obras o
anunciar inversiones para otras), han dado la imagen de que su
gobierno apoya al veracruzano; por ello, cambiar el rumbo de manera
súbita tendría que manejarla siempre que hubiera voluntad del
sacrificado.
Por
lo demás, Peña Nieto ha mostrado ser un mandatario desentendido de
lo que ocurre en el país. A no ser su apoyo sin precedentes al
Estado de México en materia de inversiones millonarias en
infraestructura, pese a que dicha entidad es la que más ha fallado
en materia de seguridad pública, corrupción e impunidad, a Peña
Nieto se le ve ausente, como si lo que le ocurriera a las partes del
cuerpo nacional le tuviera sin cuidado.
A
Veracruz solo ha venido a perder el tiempo y a hacer gastar al
gobierno estatal los pocos recursos con que cuenta. Ni siquiera en
materia de seguridad pública ha mostrado un real interés por
atenderlo.
Pese
a que en los tres estados del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco) hay muestras de una intensa actividad delictiva que
trasciende territorios, incluso con la utilización de Oaxaca como
territorio de refugio, el gobierno federal no ha tomado una sola
medida para mandar a personal policiaco a su mando que pueda moverse
con libertad en persecución de las bandas delictivas.
En
un falso respeto a la autonomía estatal, si bien ha permitido la
participación de Ejército, Marina y Policía Federal Preventiva, en
ningún momento ha instrumentado una política enfocada a atacar el
problema con un sentido regional.
La
incorporación de la Gendarmería Nacional (creada en agosto de 2014)
a labores de persecución de las bandas delictivas podría dar un
mayor éxito, porque estas se mueven con toda facilidad entre un
estado y otro, lo que no pueden hacer las policías estatales por
rebasar sus respectivas atribuciones.
Como
en la Comarca Lagunera, donde coinciden en una zona metropolitana los
estados de Durango y Coahuila, la participación de la Gendarmería
Nacional podría hacer más efectiva la labor contra quienes han
violentado a la población de los tres estados del Golfo de México
más Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, con los que colinda Veracruz.
Todo
permite sospechar que hay una complicidad que tiene su antecedente en
la campaña presidencial, durante la cual el entonces candidato
Enrique Peña Nieto (directamente o a través del PVEM) habría
disfrutado de abundantes flujos financieros provenientes de Veracruz.
En
fin, ya veremos si Javier Duarte tiene capacidad de reinventarse y de
ocultar de la memoria colectiva los enormes pendientes en materia de
inversión productiva, seguridad pública, justicia y política
social, sumamente dañados duarnte su gobierno.
