HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Miércoles
negro
Los veracruzanos hemos
estado muy entretenidos por la batalla del gobernador electo Miguel Ángel Yunes
Linares contra el que está en funciones, pero nunca pensamos que el gobierno
duartista podría reaccionar con extrema violencia física, a través de las
huestes de los 400 Pueblos, liderados por César del Ángel Fuentes, que ayer
estuvo a punto de provocar una tragedia de grandes proporciones.
¿Reaccionará de inmediato el Fiscal
General del Estado para detener ipso facto a los facinerosos que ayer
agredieron a Miguel Ángel Yunes Linares, al dirigente nacional panista Ricardo
Anaya y a Santiago Creel, exsecretario de Gobernación y hoy presidente de la
comisión de procesos electorales del blanquiazul?
El espectáculo brindado por los
seguidores de César del Ángel –encarcelado durante el gobierno de Patricio
Chirinos por defraudar al gobierno federal y quien dirigió la agresión que dañó
vehículos y puso en riesgo la integridad física de reporteros, fotógrafos y
empleados del Congreso– y fustigados desde dentro por su hijo el diputado Marco
Antonio del Ángel Arroyo, puede ser el elemento definitivo para que el gobierno
federal tome medidas drásticas ante el debilitamiento del Estado de derecho en
Veracruz.
Este
miércoles negro, el gobierno veracruzano no solo mostró el lado brutal que
había reservado para aplicar a periodistas críticos, activistas políticos y
defensores de los derechos humanos. Hoy ha rebasado cualquier límite de
civilidad política para agredir a Yunes Linares, Anaya y Creel, quienes
acudieron al Congreso local a pedir a los diputados locales que no nombraran a
funcionarios que tienen la misión de proteger a Javier Duarte.
Una
petición, por cierto, que ya había hecho la dirigente nacional interina del
PRI, Carolina Monroy del Mazo, prima del presidente Enrique Peña Nieto, quien
en conferencia de prensa en la sede nacional de su partido fue más clara de lo
que ha sido el PRI veracruzano y el excandidato priista a la gubernatura,
respecto a las medidas de blindaje que ha tomado Duarte con la complicidad de
la bancada priista en el congreso local.
La conferencia de prensa convocada
para brindar un posicionamiento en torno al blindaje, que este jueves se
concretaría en la Legislatura con la aprobación de dos personas cercanas al
gobernador saliente como fiscal anticorrupción (Francisco Portilla Bonilla) y
consejero del IVAI (Gabriel Deantes Ramos), puso en el centro de una caldera
caliente tanto a Duarte como a varios de sus actuales y pasados funcionarios,
muchos de los cuales ya están compareciendo ante la delegación de la PGR.
El
PRI nacional se deslinda de Duarte
En efecto, Carolina
Monroy dijo que los nombramientos que pretende hacer el gobernador Javier
Duarte constituyen un acto que no es ético ni correcto, por lo que el PRI no
habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad, y [el
gobernador de] Veracruz solo tendrá todo
el respaldo institucional dentro de los márgenes y límites que establece la
ley.
Aunque dijo que los nombramientos
son viables jurídicamente, reconoció que no son éticos pues no son momentos
para tomar decisiones de tanta trascendencia en medio de la transición entre
los gobiernos. ¡Sopas!
Añadió que el PRI no consentirá ni
respaldará a quien se le pruebe algún incumplimiento de la Ley, y solo estará
del lado de los veracruzanos y sus familias. “Nosotros no tenemos por qué
responder, y menos avalar, aquello que no pudiera estar alineado a los
principios institucionales o la legalidad”.
Contra la débil crítica hecha en su
momento por el exdirigente nacional Manlio Fabio Beltrones, Carolina Monroy fue
sumamente dura al mostrar que el PRI no apoyará a Duarte en caso de que haya
alguna acción penal en su contra. Nadie que haya recibido el respaldo del PRI,
dijo, puede denigrar, afectar y poner en riesgo al partido: “Es una vergüenza
que esto ocurra, y me parece que de cara al futuro las cosas se hagan diferente”.
Ante este pronunciamiento, Miguel
Ángel Yunes Linares opinó de inmediato que era una “buena señal” que la
dirigencia nacional del PRI se hubiera deslindado de Javier Duarte. Es muestra,
dijo, de que al igual que los panistas, los priistas quieren una sanción contra
quienes saquearon al estado, y celebró que la PGR esté citando a declarar a
funcionarios y exfuncionarios públicos relacionados con las denuncias por el
desvío de más de 45 mil millones de pesos.
Por lo pronto, Veracruz ha entrado en
un periodo de creciente turbulencia política y aunque el gobernador Javier
Duarte de Ochoa se haya deslindado de las acciones trogloditas del Movimiento
de los 400 Pueblos, lo cierto es que su gobierno no mandó un solo elemento de
la Secretaría de Seguridad Pública a resguardar no solo a la persona que le
sucederá en el cargo y a dirigentes nacionales y estatales del PAN, sino
tampoco a la prensa y a seguidores ante la predecible actitud agresora de Del
Ángel y sus huestes. ¡Ver para creer!
