HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Y,
ahora, ¿quién podrá defendernos?
¿Qué efectos tendrá sobre los candidatos
del PRI y el Verde en los próximos comicios federales el reconocimiento tácito
de que el gobierno veracruzano vive una de sus peores quebrantos en sus
finanzas públicas?, ¿qué discurso emplearán los aspirantes a llegar al inmueble
de San Lázaro para convencer tanto a los que constituyen el voto duro como a
los indecisos de que vale la pena seguir entregando la confianza en los
dirigentes y militantes del PRI?
La verdad es que las circunstancias
políticas suenan cada vez más difíciles para el partido en el poder, aunque si
se hubieran postergado las medidas anunciadas este martes negro por el
gobernador Javier Duarte de Ochoa, la bomba hubiera estallado prácticamente en
periodo de campañas electorales y, entonces, no hubiera habido ninguna
oportunidad de presentar la oferta electoral priista como la que necesita
México y, en particular, la que puede beneficiar a Veracruz.
Es cierto que, de todas maneras, el PRI
en Veracruz ha perdido todos sus argumentos. Lo constata el hecho de que un
gobierno estatal surgido de sus siglas no solo fue incapaz de enderezar las
finanzas públicas que le fueron heredadas al borde del precipicio, sino que
para colmo, en los últimos tres años, ha tomado las decisiones equivocadas y,
por ello, hoy se encuentra peor que cuando comenzó.
Los inicios duartistas fueron en el ocaso
de la administración del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, repudiado
por amplios sectores de la población por la necesaria, aunque mal conducida,
guerra contra el crimen organizado, pero con una economía estable y pujante.
En efecto, las circunstancias económicas
durante 2011, primer año de gobierno de Javier Duarte en Veracruz, no podían
ser mejores: los precios internacionales del petróleo llegaban a rebasar los
100 dólares por barril, el crecimiento del PIB había sido del 3.9 por ciento,
las reservas internacionales en dólares marcaban hitos históricos y, aunque no
se habían logrado las famosas ‘reformas estructurales’ propuestas un año
después por Enrique Peña Nieto, el sector de la manufactura crecía y la
industria petrolera aportaba importantes flujos de capital al sector público.
Por eso, el duro ajuste ordenado por
Duarte en los primeros meses de su sexenio pasaba por un trago amargo que
podría olvidarse pronto, ya que había condiciones para recuperar la capacidad
de pago, para negociar recursos federales que permitieran una creciente
inversión pública y, con ello, se reactivara la economía estatal, y para
impulsar programas gubernamentales que abatieran el gasto corriente, redujeran
tallas al obeso cuerpo de la burocracia estatal y previniera en todas las
dependencias, incluidos los ayuntamientos, el mal uso de los recursos públicos.
Crecieron
deuda y gasto corriente
A cuatro años de esas medidas, cuya
aplicación solo debió suceder en 2011, la situación es totalmente diferente. Casi
inmediatamente, el gobierno duartista falló a su propio catálogo de medidas
para enfrentar la crisis de sus finanzas públicas.
La austeridad empezó a perderse en los
discursos, mientras que en los hechos se regresó a un frenético ritmo del gasto
público, no precisamente en inversión productiva y, para colmo, se aplicó un
modelo de manejo de los recursos federales caótico, irracional y poco
transparente que, entre otras cosas, puso en aprietos a todos los organismos
descentralizados y a los ayuntamientos, al disponer de sus recursos en lo
urgente, según el parecer del Ejecutivo.
En apariencia para mejorar los plazos y
condiciones de los compromisos crediticios, la Secretaría de Finanzas y
Planeación contrató nuevos empréstitos con la banca comercial y la de
desarrollo y, aunque desde el poder legislativo se lanzaban alertas sobre el
riesgo de incrementar el monto del endeudamiento, amparado con las
participaciones federales, el gobierno estatal mantuvo la estrategia y fue
perdiendo margen de maniobra hasta llegar a las graves penurias que, hoy, han hecho salir a Javier
Duarte de Ochoa a anunciar un segundo paquete de supuesta austeridad en su
gobierno.
El problema es que ya no hay marcha atrás
y no hay quien pueda salvarlo. Los precios internacionales del petróleo se
fueron a pique, el dólar se ha fortalecido frente al peso, el crecimiento
económico del PIB fue de 2.2 por ciento en 2014 y se sospecha que en 2015 será
de la misma tesitura; el gobierno federal ha decretado un primer recorte
presupuestal de 124 mil 300 millones de pesos y la crisis petrolera mundial
postergará las famosas inversiones multimillonarias que beneficiarían a
Veracruz a partir de este año.
No hay de dónde obtener oxígeno y, salvo
que se ordenen operativos radicales para aplicar multas de tránsito a
particulares y transportistas, se radicalicen las medidas de supervisión en
empresas comerciales y se inventen impuestos hasta por el número de ventanas,
es muy difícil prever una solución previa a que Duarte se vaya a casa y deje la
Casa de Gobierno.
El problema lo enfrentarán cientos y
talvez miles de empleados de gobierno que serán despedidos, como ya lo hemos
comentado, pero el más grave será la cancelación de desarrollo que resentiremos
todos los veracruzanos en la próxima década, frente al fortalecimiento de las
ventajas competitivas que lograrán otros estados, incluso del sur-sureste.
Y, entonces, ¿qué dirán en asambleas y
mítines los candidatos del PRI y del Verde cuando enfrenten el cuestionamiento
de los veracruzanos por la errada administración del gobernador que ambos
partidos postularon?