HORA
LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Crece
la violencia política en Veracruz
Sea por personajes embozados dentro de la
administración gubernamental o por grupos políticos poderosos que no han tenido
acomodo en ella y, por ello, buscan descarrilarla políticamente, lo cierto es
que en Veracruz, en los últimos meses, se está recrudeciendo la violencia, se están
aplicando las más acerbas estrategias de linchamiento mediático y se están
cometiendo homicidios y atentados contra estudiantes, periodistas y dirigentes
populares, cuyos móviles a nadie le quedan claros por lo desproporcionado de la
ofensiva.
Luego de los hechos ocurridos en el
entorno de los comicios del pasado 6 de junio, cuando varios jóvenes fueron
emboscados en un departamento de Xalapa y tundidos a golpes al grado de
requerir su hospitalización, y los posteriores atentados con bombas molotov
contra viviendas de dirigentes panistas en Veracruz y Boca del Río, la
violencia no ha decrecido sino que se ha diversificado y empieza ya a tender sus
tentáculos incluso hasta la ciudad de México.
En el caso de la continuada escalada
homicida contra periodistas, la estrategia parece buscar que los hechos se
escenifiquen en otras jurisdicciones, lo que por un lado pretendería (sin
éxito) que la estadística se atribuya a otras entidades y, por otro, que la
Fiscalía General del Estado no tenga intervención alguna, más allá de una
declaración de apoyo a la autoridad ministerial que le corresponda, evitando
con ello el descrédito político que ha rondado a los anteriores casos de
periodistas asesinados que no ha logrado esclarecer satisfactoriamente.
Pero los casos se acumulan en el ranking
del sexenio que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin importar que
los cuerpos e, incluso, los asesinatos se cometan fuera de la entidad. Y es que
involucran a periodistas que o realizaban sus actividades informativas en
nuestro territorio en medios de comunicación con domicilio fiscal en el estado,
como Armando Saldaña Morales cuyo cuerpo fue descubierto más allá de la tenue
frontera con Oaxaca, o como el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril,
asesinado entre el viernes y el sábado, quien se hallaba fuera de Veracruz por
haber recibido amenazas e intimidaciones que le hicieron tomar la decisión de
trasladar su residencia a la Ciudad de México.
Para colmo, se inauguran en la entidad
los atentados contra medios de comunicación, como el ocurrido en Poza Rica
contra el modesto periódico Presente, cuyas instalaciones y una unidad usada
para perifoneo fueron incendiadas. Hace unas semanas, el propio gobernador
Javier Duarte alertó sobre los riesgos que se ciernen sobre los comunicadores
de aquella ciudad por la presencia del crimen organizado e, incluso, se atrevió
a señalar (posiblemente con los pelos de la burra en la mano) que varios
comunicadores estaban peligrosamente aliados a esos grupos. Esperemos que la
investigación dé luces al respecto.
Crece
la lista de comunicadores asesinados
La lista de comunicadores que han sido
desaparecidos o asesinados durante el presente sexenio suma ya 15 nombres. El
primero fue Noel López Olguín,
reportero de Acayucan, desaparecido el 8 de marzo de 2011 y su cuerpo hallado
el 1 de junio del mismo año, supuestamente asesinado por un sicario.
A este caso le siguió una cascada de
muertes en el Puerto de Veracruz, cuyas víctimas fueron señaladas por el
entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez como colaboradoras del crimen
organizado: Miguel Ángel López Velasco,
conocido como Milo Vela, de Notiver, y su hijo Misael López Solana, fotógrafo de la misma empresa, asesinados por
un comando el 20 de junio de 2011 en su propio domicilio, sin que a la fecha se
haya aclarado el crimen. El 24 de julio del mismo año se reportaría la
desaparición de Yolanda Ordaz de la Cruz,
de 48 años, reportera de Notiver, cuyo cuerpo decapitado fue hallado dos días
después.
Al año siguiente, el 28 de abril de 2012,
en Xalapa, se encontraría –víctima de estrangulamiento en su domicilio– la
corresponsal de Proceso, Regina Matínez
Pérez, de 48 años, cuyo expediente señala como móviles un robo o crimen
pasional.
Unos días después, el 3 de mayo, Día
Mundial de la Libertad de Prensa, fueron hallados en bolsas de basura los
cuerpos de Guillermo Luna Varela, de
21 años, y Gabriel Huge Córdoba (37
años), ambos fotógrafos de Notiver, junto con Esteban Rodríguez Rodríguez (30 años), reportero del periódico AZ,
y Ana Irasema Becerra Jiménez (33
años), empleada administrativa de El Dictamen.
El 14 de junio de 2012 fue encontrado en
el centro de Xalapa, a unas cuadras de Palacio de Gobierno, el cuerpo mutilado
de Víctor Manuel Báez Chino (46
años), reportero policiaco, quien había desaparecido el día previo.
Dos casos se refieren a desaparecidos: Miguel Morales Estrada (35 años),
fotógrafo del Diario de Poza Rica, desapareció el 25 de julio de 2012, y Sergio Landa Rosales, periodista de
Diario de Cardel, secuestrado el 26 de noviembre de ese mismo año.
Los casos más recientes son las del
reportero del diario Notisur, Gregorio
Jiménez de la Cruz (43 años), desaparecido el 6 de febrero de 2014 y su
cuerpo encontrado seis días después; Octavio
Rojas Hernández, corresponsal del periódico El Buen Tono y asesinado en su
casa en Cosolapa, Oaxaca, fronterizo con Veracruz, Moisés Sánchez Cerezo (49 años), director de La Unión, secuestrado
el 2 de enero de 2015 y hallado su cuerpo decapitado el 24 de enero,
aparentemente mandado a asesinar por Omar Cruz Reyes, alcalde de Medellín; Armando Saldaña Morales (53 años),
periodista de la estación La Ke Buena, asesinado el 4 de mayo de este año; su
cuerpo fue encontrado con cuatro balazos y señales de tortura en la frontera
entre Oaxaca y Veracruz; Juan Mendoza
Delgado (46 años), director del portal Escribiendo la verdad, reportado
como desaparecido el 1 de junio y su cuerpo, atropellado, fue hallado al día
siguiente.
En la mayoría de estos casos las
autoridades estatales han evitado hacer coincidir el móvil de sus homicidios
con su actividad periodística, ha tratado de asignarles otras ocupaciones, ha
inventado móviles de los crímenes como venganzas, tramas pasionales o rencillas
pueblerinas, sin haber investigado, o de plano ha evitado involucrarse por
haber sucedido en otros estados.
Los
tentáculos llegan al DF
Casi fue cuestión de horas entre que se
lanzó la alerta de su no localización y la confirmación de su muerte: con
muestras de tortura y maniatado, era parte de un multihomicidio en la Ciudad de
México Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia AVC, revista
Proceso y Cuartoscuro, quien unas semanas atrás había decidido exiliarse en el
Distrito Federal por la serie de intimidaciones de que había sido objeto por
desconocidos que le perseguían y vigilaban en su domicilio y en sus lugares de
trabajo.
Tan verídicos eran sus temores que entre
el viernes y el sábado fue objeto, junto con 4 mujeres que compartían un
departamento en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, de
torturas, golpes y dos balazos que le infringieron sus agresores, cuyas
identidades quizá nunca sepamos, aunque algunos señalan que actuaron con la
misma efectividad que el grupo que golpeó a los jóvenes en Xalapa días antes de
los comicios federales.
No me detengo en los detalles del caso
criminal, que han sido prodigados por los medios de comunicación con
puntualidad y oportunidad. Solo me gustaría señalar que las cosas empiezan a
salirse de control: o fueron elementos del propio gobierno estatal sin
autorización ni conocimiento del gobernador Javier Duarte, o fueron enemigos de
Duarte que quieren moverle el piso atacando puntos que sobradamente han sido
confirmados como las peores caras de su gobierno, en particular, la violencia y
los crímenes contra periodistas.
Junto a Rubén Espinosa fue asesinada
Nadia Vera, una activista universitaria que había desplegado un fuerte trabajo
militante en Xalapa en el ámbito estudiantil y que organizaba una muestra
internacional de video llamada Oftálmica. Oriunda de Comitán, Chiapas, Nadia
tuvo la desgracia de estar en el departamento que compartía el fotorreportero
en el momento equivocado.
Una
reflexión
Lo grave es que esta escalada se
recrudecerá conforme se acerquen, uno, la hora de las definiciones dentro del
PRI para elegir a su candidato a la gubernatura, y dos, las campañas
electorales para la sucesión gubernamental en 2016.
Y las agresiones no provendrán exclusivamente
del gobierno estatal. Aunque en términos generales se atribuye al periodo
gubernamental la ocurrencia de los hechos delictivos, mal haríamos en dirigir
hacia Duarte, y únicamente a su gobierno, el dedo acusatorio de los homicidios.
Sí debemos acusarlo de ser omiso y de
actuar con torpeza y casi de manera suicida a la hora de tomar las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas amenazados. Pero los
peligros provienen de muchos lados y no lograremos detener esta sangría si solo
vemos hacia un solo acusado.
Tampoco,
si solo nos exaltamos cuando los hechos han sucedido. Nadie en este y en los
anteriores casos ha enfocado sus baterías contra los empresarios mediáticos
para los que trabajaban quienes fueron asesinados, esos que hunden a sus
reporteros en la miseria y los exponen a las consecuencias de sus acuerdos
oscuros o los hacen copartícipes de sus enemistades políticas sin darles la
mínima protección pero que, cuando los asesinan, se dicen dolidos porque uno de
los suyos cayó en la batalla. Solo hace falta preguntarle a Proceso cuánto
apoyo le brinda a sus corresponsales, a quienes explota y desprecia, y si le
brindó trabajo y salario a quien debió retirarse de Veracruz por no tener las
condiciones de seguridad.
Cuántas veces, quienes hoy se vuelven
paladines de los periodistas desaparecidos y asesinados, voltearon a ofrecerles
la solidaridad del gremio al que, en cambio, solo han reconocido cuando disfrutan
de la entrega de falaces reconocimientos de periodismo, estatales o nacionales,
a sus personas. ¿Qué organización ‘de periodistas’ se interesó en Rubén
Espinosa y le brindó acompañamiento jurídico, gestoría, apoyo laboral y demanda
de seguridad por parte del estado, para evitar que emigrara y garantizar que
siguiera con su labor en la ciudad que había elegido para ello?
Decía un gran amigo, y coincido con él:
todos somos culpables de su muerte. Unos por omitir su obligación como Estado
de garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en particular, de los
periodistas; otros, los empresarios mediáticos, por fraguar con estado y
delincuencia pactos que ponen en riesgo a sus empleados, a quienes someten con
hambre y exigencias; unos más, por querer colgarse medallas por tantos colegas
muertos a quienes nunca atendieron y, en ocasiones, despreciaron. Otros, porque
ni nos preocupamos de sus cuitas y sus angustias.
Yo personalmente sufrí amenazas y pude
ver la escasa solidaridad del ‘gremio’. ¿Qué debemos hacer en adelante para
protegernos? Esa debería ser una tarea inmediata y prioritaria. No solo salir a
marchas al día siguiente de que alguien es asesinado, no, más bien, hacer algo
para evitar que sea asesinado.
Mejor aquí le dejo.
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