Prospectiva
* Hacerle justicia
a la mujer
Por JAIME RÍOS OTERO
Dos aspectos del amparo concedido a la humilde mujer
que está encarcelada en Pacho Viejo, acusada del homicidio de su marido,
revisten trascendencia social más allá de la importancia de hacerle justicia a
la procesada. El primero es la exigencia de que los jueces enmarquen sus
resoluciones en parámetros internacionales respecto de los derechos humanos.
El segundo, es la obligación de hacer partícipes a la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al Instituto Veracruzano de las Mujeres
y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en asuntos donde
se involucren cuestiones de equidad de género, como en el presente caso.
Ambas temáticas deberían renovar las esperanzas de los
defensores, respectivamente, de los derechos humanos en general, y de las
féminas que son entusiastas postulantes a favor de los derechos de las mujeres,
en particular. Especialmente en esos casos tan frecuentes de maltrato en el
interior de los hogares, de los que existe un índice elevadísimo en nuestro
medio.
En relación con las resoluciones protectoras de los
derechos humanos, según los acuerdos suscritos por México, el asunto empezó el
año pasado, al modificarse la Constitución General y plantearse tal presupuesto
en el artículo primero, donde el título primero pasó a denominarse “De los
derechos humanos y sus garantías”.
Los párrafos 2 y 3 de ese
artículo son contundentes. Señalan que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Y que: “Todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Así que TODAS
las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos
fundamentales. Eso incluye, naturalmente a los jueces de todas las
competencias, pero por razones naturales, son los federales los que generarán
mayor impacto en los diversos procesos en trámite.
El otro asunto,
incluido dentro del amparo 1266/2012 del Juzgado Segundo de Distrito, que
ampara y protege a la presunta homicida Rosa María Moreno Castillo, es que, a
la luz de esa protección a los derechos humanos, se involucra a organismos que
quizá nunca habían tenido intervención en procesos jurisdiccionales, pues su
función es materialmente administrativa (inclusive meramente política) por ser
parte del Ejecutivo, como son el DIF, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y
la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El cómo habrán
de intervenir en procesos de índole judicial es algo que quizá ni ellos mismos
tengan claro, por lo novedoso del asunto, pero el caso es que ya tendrán que
asumir funciones más activas, mucho más que los meros pronunciamientos,
elaboración de programas para subirlos a los portales web y actos donde dan
posesión a comisiones y comisionados que sólo engruesan las nóminas del Estado.
*** Hoy se
realizará la inauguración del diplomado "Campañas Electorales y Marketing
Político", a las 19:00 horas, en el Auditorio "Sebastián Lerdo de
Tejada" del Congreso del Estado. Es organizado por el Centro Municipalista
para el Desarrollo, CMD, que dirige Rubén Ricaño Escobar. Otro evento que
realiza por esos días ese centro es el Curso de Expresión Oral, en el que
participan como instructores el periodista Flavio Morales Cortés, Paloma Ricaño
Morgado y Willy Arturo Hernández Alcocer.
Hasta el lunes.
