Desde la esquina
* Marchas y bloqueos
* Veracruz, contra la corrupción
* Tecnológicos, situación crítica
POR RAYMUNDO LEÓN
La gente sale a bloquear calles cuando el gobierno no cumple con sus compromisos. Eso lo saben bien quienes están en el gobierno. Es la última instancia que tienen quienes ante las autoridades han solicitado diversas cuestiones y sólo han obtenido promesas sin cumplimiento.
Quienes salen a bloquear las calles saben bien que con ello, con el descontento de terceros, presionan para que las autoridades cumplan. Usar la fuerza pública para unos que bloquean las calles implicaría usarla para todos, porque al final, cualquiera que sea la razón del bloqueo, se lesionan intereses de terceros.
Por ello, se podría estar de acuerdo con Alfredo Corona Lizárraga, regidor noveno del ayuntamiento de Xalapa, quien afirma que podría ser muy peligroso intentar usar la fuerza pública para disolver algunos bloqueos a las calles. “Ello, más que resolver problemas podría generarlos aún más porque se estaría yendo contra un derecho que se tiene en el país”, asegura el edil.
Usar la fuerza pública para evitar bloqueos implica ser muy cuidadosos en el tema porque las personas que bloquean calles “lo hacen por una razón que para ellos es válida, porque la autoridad no ha hecho caso de sus peticiones, porque los han mantenido al margen y porque es la última opción que tienen para poder resolver sus problemas”, asegura Corona Lizárraga.
Quienes promueven el uso de la fuerza pública para evitar el bloqueo a las calles de alguien que protesta, argumentan que con ello se evitaría afectar a terceros. En esa lógica tendrá que hacerse exactamente lo mismo con peregrinaciones, desfiles, candidatos y partidos políticos que por el motivo que sea bloqueen las calles porque también se afecta los intereses de terceros.
La situación no es tan simple. Mejor debería pensarse en aplicar la ley a aquellos funcionarios que por su ineptitud no cumplen con lo prometido a la sociedad y con ello ocasionan los bloqueos. A los servidores públicos se les paga para eso, para que sirvan a la sociedad, no para que finjan trabajar y con ello ocasionen bloqueos de calles de diversos grupos sociales.
En ese sentido, Alfredo Corona asegura que “quienes participan en una manifestación y deciden bloquear una vía de comunicación lo hacen porque los funcionarios que atienden sus problemas han fallado, porque no han sabido estar a la altura de las exigencias y porque sólo de esa forma agilizan las peticiones ciudadanas”.
El edil ha sido más claro aún: “La del subsecretario de gobierno, Enrique Ampudia, es una declaración rápida y ligera que no calcula sus dimensiones. En lugar de generar soluciones, esa declaración lo que ocasiona es confusión y malestar entre la población”.
Usar la fuerza pública para liberar una calle de un bloqueo no es, definitivamente, la mejor solución para no dañar los intereses de terceros. Para el regidor xalapeño más productivo que pensar en usar la fuerza pública para disolver bloqueos lo es el evaluar qué tanto conviene le conviene al gobierno ser considerado represor al mismo tiempo de que no es capaz de generar un diálogo y soluciones para con la sociedad.
“Definitivamente, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema porque les asiste la razón a las personas que se manifiestan y bloquean por incumplimiento de las autoridades. En todo caso hay que generar alguna reglamentación para distinguir una marcha y bloqueo de otra para evitar mayores problemas y aún así, seguramente los habría”, asegura Corona.
*** En el gobierno de Veracruz se habla de que entre los funcionarios hay honestidad e incorrupción, pero en la secretaría de Finanzas, como en otras dependencias gubernamentales, hay quienes lesionan las arcas estatales sin que haya quién los moleste.
Hay documentos en los que se advierten trámites deshonestos para los cuales los supervisores de la Secretaría de Finanzas sólo levantas actas sin proceder en contra de quienes cometen actos de corrupción. Esa situación, los convierte en cómplices de lo que sucede.
Por ejemplo, a propietarios que deben tenencias, servidores públicos ofrecen arreglar la situación, cobran una buena cantidad y sólo ingresan una parte a las arcas estatales.
En la Oficina de Hacienda instalada en Plaza Ánimas sucede algo así. Si alguien debe 10 mil pesos por adeudo de tenencias, ahí se arregla el asunto; se le cobran 5 mil y sólo ingresan a las arcas estatales 800 pesos, aproximadamente.
Quienes trabajan en el área de supervisión dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas saben bien lo que sucede. Tanto que en varias ocasiones han levantado actas correspondientes, pero no se han molestado en fincar responsabilidades contra quienes realizan estos actos, situación que, como ya se dijo, los convierte en cómplices tal vez con la benevolencia de Javier Sánchez Rojas, titular del área, o quizás de alguien más.
Así es como en Veracruz se lucha contra la corrupción y la deshonestidad.
*** Entre los trabajadores del sistema tecnológico nacional hay preocupación por los pagos de fin de año. Está por llegar diciembre y en los 131 institutos tecnológicos del país no se sabe cuándo las secretarías de Hacienda y de Educación Pública emitirán el documento para que se definan los pagos relativos a salario, prima vacacional, aguinaldo y prestaciones de contrato colectivo.
Fernando González Rivas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Educación Tecnológica (FENASTET), asegura que no se descartan movilizaciones y plantones hacia la ciudad de México y en cada uno de los institutos tecnológicos del país.
La situación es crítica puesto que los recursos mencionados fueron negociados con el gobierno federal desde marzo y a la fecha éste no ha mostrado disposición alguna por liberar los recursos comprometidos para que los gobiernos estatales puedan también aportar el 50 por ciento que les corresponde.
Para González Rivas y el resto de los trabajadores del sistema tecnológico es una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón que a unos días de la conclusión del sexenio el documento en cuestión no se haya hecho válido aún.
A como están las cosas, el nuevo gobierno federal tendrá que hacer frente a la situación que implica el pago de por lo menos 300 millones de pesos para todos los trabajadores del país. Así que a medida que transcurren los días la situación es cada vez más crítica, puesto que las actividades escolares de este año finalizarán el 19 de diciembre, fecha en que se espera se hayan pagado ya 40 días de aguinaldo, 12 días de prima vacacional, 30 días correspondientes a dos quincenas y pago de prestaciones de contrato colectivo.
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