En la segunda jornada del Foro Internacional Seguridad con Legalidad 2012.

Fortalecimiento de instituciones, indispensable en la lucha por la seguridad: especialistas.

* Urgente, dotar a las estructuras administrativas, judiciales y legislativas, incluyendo órganos autónomos, de una “infraestructura ética”, añadió.

Xalapa, Ver., 11 de Enero de 2012.-El fortalecimiento de las instituciones es indispensable en la lucha por la seguridad porque un Estado débil genera corrupción, coincidieron especialistas nacionales e internacionales durante la segunda jornada del Foro Internacional Seguridad con Legalidad 2012, y aseguraron que este problema debe abordarse a través de técnicas de investigación y especialización, y mediante la aplicación de las herramientas que otorga el Derecho.

El investigador y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Cazarín León, opinó que los esfuerzos que ha hecho México en el combate a la corrupción tienen que ser complementados con las reformas que el Congreso de la Unión tiene en sus manos, y donde se habla de un proyecto de ley contra la corrupción en la contratación administrativa, otra ley contra el lavado de dinero, así como reformas a la Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer conductas sancionables y endurecer las penas.

Junto con el investigador de la UV, Alberto Olvera Rivera, Manlio Fabio Cazarín León puntualizó en la necesidad de fortalecer las instituciones en el país, dado que un Estado débil propicia la corrupción.

Expuso algunas propuestas para ello, entre las que se destacan: reformar la Constitución para orientar la acción de los poderes públicos hacia la consecución de determinados valores o principios estructurales de la sociedad; regular el estatuto de la función pública, que sea organizado en un marco normativo eficaz en temas cruciales como el acceso al empleo público, promoción, remuneración e incompatibilidades del empleo público.

Asimismo, dotar a las estructuras administrativas, judiciales y legislativas, incluyendo órganos autónomos, de una “infraestructura ética”, es decir, que ese marco normativo para combatir prácticas encubiertas en la legalidad, como son fraude a la ley, abuso del derecho y desvío de poder.

También, generar procesos de participación ciudadana reales, es decir, que la propia sociedad tenga elementos procedimentales efectivos para que su queja, denuncia o inconformidad quede en etapa declarativa o de información.

En este aspecto, los códigos de ética de conducta son ejercicios elogiables, reconoció, y deben permear en toda la función pública, vista como un todo, para generar las mejores prácticas. “Me parece que los códigos de conducta pueden humanizar más la prestación de un servicio público con los propios ciudadanos”, comentó.

Destacó que sólo con un ejercicio de autocrítica y reflexión del poder público en sus tres órdenes de gobierno se combatirá la desconfianza de la ciudadanía, y refirió que se requiere rediseñar los órganos administrativos y judiciales para dotarlos de real independencia y autonomía para castigar dichas conductas corruptas.

Cazarín León lamentó que, de acuerdo con las cifras de Transparencia Internacional, México esté en el lugar 100 de 180 países en esta materia, calificado con tres puntos en una escala del 1 al 10 del índice de percepción de la corrupción.

Se estima que en el país se gasta entre siete y nueve por ciento del Producto Interno Bruto en prácticas de corrupción, fundamentalmente entre empresas y gobierno, representando nueve por ciento, es decir, un billón 64 mil millones de pesos anuales.

“Las empresas destinan aproximadamente 10 por ciento de sus ingresos anuales para pagar sobornos en trámites, servicios o aspectos relacionados con su funcionamiento cotidiano”, manifestó.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón Real, reveló que “está acreditado que 80 por ciento de la corrupción procede de la industria de la construcción, de la concesión de obras públicas, y aunado a ella, la corrupción política y luego la policial y la de las propias instituciones”.

Esta industria es el “núcleo, el hormiguero donde la reina madre, la corrupción, actúa con mayor intensidad”.

Explicó que durante la investigación por corrupción al interior del Partido Socialista Obrero Español, se descubrió que los mecanismos de financiamiento estaban relacionados con varios de los mecanismos de corrupción más frecuentes, en concreto, el área de la construcción, el área urbanística del desarrollo de las zonas calientes de diversos países.

Finalmente, Baltasar Garzón reconoció que la corrupción es un sistema aceptado socialmente, “se ha aprendido a convivir con él pero se expande en unas zonas más que en otras”.

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